NUEVA YORK – Varios casos de niños a los que se le impidió la matrícula en escuelas públicas del Distrito Escolar de Hempstead, debido a su situación migratoria, fueron revelados en documentos obtenidos el miércoles por este diario.
Los casos surgen a raíz de una investigación de la Fiscalía General de Nueva York -iniciada en octubre del año pasado- en que se revisaron las prácticas de admisión de estudiantes indocumentados en escuelas de Nassau, Suffolk, Rockland y Westchester, luego que estos condados experimentaran el mayor flujo de niños migrantes no acompañados procedentes de Centro y Sudamérica.
En un documento reciente -fechado el 5 de febrero- el fiscal Eric Schneiderman dio a conocer que ese mismo mes revisó información específica sobre 33 estudiantes hispanos —la mayoría inmigrantes recientes— que cada día eran regresados a sus casas “debido a que no había suficientes salones de clases para acomodarlos”.
El documento indica que los administradores del distrito les hacían firmar diariamente el ingreso a la escuela antes de retornarlos a sus hogares.
Asimismo, se menciona el caso de tres diferentes padres de familia que no lograron matricular a seis menores en el mencionado distrito escolar. Uno de ellos intentó hacerlo hasta en seis oportunidades y fue también rechazado por “falta de espacio”.
Según la información, los planteles rechazaban a estos estudiantes por no llevar documentos que demostraran su lugar de residencia y quiénes era sus padres o tutores. La fiscalía señaló que, con esas prácticas, se les estaba negando a estos menores su derecho constitucional a una educación pública gratuita.
“Las puertas de la escuela deben estar abiertas a todos los estudiantes de nuestro estado cada vez más diverso, independientemente de su estatus migratorio. Simplemente, no hay excusa para negar ese derecho básico que está protegido por la Constitución”, declaró el miércoles Schneiderman a El Diario. “Más de 30 años después que la Corte Suprema garantizara una educación pública para los niños indocumentados, debemos hacer todo lo posible para cumplir la ley y garantizar la igualdad de acceso para todos nuestros estudiantes”.
De acuerdo con los documentos, la fiscalía había sostenido varias conversaciones telefónicas con administradores del distrito y funcionarios del Departamento Estatal de Educación, y en ninguna de ellas se mencionó la existencia de una “lista de espera” para estudiantes que solicitaban matrícula en ese distrito. Esta fue recién revelada tres semanas después de la última llamada –realizada el 9 de enero— cuando la fiscalía y las autoridades educativas ya conocían la existencia de esa lista.
