Luego que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, señalara que las filtraciones de los Papeles de Panamá muestran la cultura de secretismo de Panamá —país al que acusa de permitir que se escondan fondos para evitar la acción de las autoridades tributarias—, el gobierno panameño respondió manifestando su rechazo y dijo que los señalamientos eran injustos y discriminatorios.
En un pronunciamiento en la noche del miércoles, el presidente Juan Carlos Varela dijo que su gobierno no negocia a través de los medios.
«Le he pedido a la canciller que contacte a países miembros del foro global y reitere ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE nuestra disposición a dialogar con respeto para alcanzar acuerdos que contribuyan al desarrollo económico de nuestros países”.
Antes, Luis Miguel Hincapié, vicecanciller, dijo: «Nos extraña sobremanera las declaraciones de la OCDE porque Panamá ha manifestado y demostrado que ha cumplido con las medidas que se han solicitado. Panamá pasó a una siguiente en el foro global que es parte de la OCDE. Panamá fue sacado de la lista del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y eso pasa porque Panamá ha adecuado sus leyes a los estándares de transparencia».
En una carta dirigida al secretario general de la OCDE, Miguel Ángel Gurria, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá dice que ninguna ley panameña ha dado lugar a las supuestas malas practicas del bufete de abogados Mossack Fonseca. Agrega que las leyes panameñas de incorporación de sociedades no son fundamentalmente distintas a las de cualquier otra jurisdicción financiera de relevancia.
El comunicado del gobierno manifiesta que la mitad de las sociedades incorporadas, según la revelación de Los papeles de Panamá, provienen de las Islas Vírgenes Británicas, una jurisdicción que opera bajo legislación británica.
La OCDE ha presionado para que Panamá intercambie información fiscal automática, mientras que Panamá aboga por compartir información a través de convenios bilaterales.
El gobierno panameño hizo hincapié en que cooperara con cualquier proceso judicial que pueda surgir a partir de la información filtrada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
