El ministerio público presentó formal acusación en contra del empresario Rafael René Rosado Fermín, propietario de Caribair, y otras 11 personas acusadas de formar parte de una red de narcotráfico internacional que utilizaba el país como centro de operaciones para modificar naves que usaban para el trasiego de drogas.
La acusación fue presentada por ante la jueza del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, por el procurador adjunto, Carlos Castillo; el procurador adjunto de la Corte de Apelación, Agustín de la Cruz; la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso; y los fiscales adjuntos Wendy Lora, Milcíades Guzmán y Francis Soto Mejía.
En la instancia, el ministerio público pide dictar apertura a juicio de fondo en contra del grupo, para que estos respondan por los hechos que se le imputan y que se mantenga la medida de coerción que fue dictada en su contra, consistente en prisión preventiva.
La audiencia preliminar fue aplazada por la jueza Elka Reyes Olivo para el próximo 11 de febrero a los fines de que los abogados de los imputados tomen conocimiento de la pieza acusatoria y de las pruebas aportadas por la parte acusadora.
En el caso están involucrados además de Rosado Fermín, los dominicanos Sergio Gómez Díaz, Cristian Antonio Suarez Javier, el sargento mayor José Antonio Creto Cruz, Víctor Hugo Sánchez Portes, José Vicente Figueroa Ortiz.
También Guillermo Pérez Perdomo, Henry Francisco Valdez García, el teniente coronel Juan Ramón Rosado Pérez, el venezolano José Luis Vera Márquez, los norteamericanos Alberto Laureano y Daimon Mario Pérez.
Asimismo, el ministerio público solicita al tribunal ordenar el decomiso a favor del Estado Dominicano de cinco aeronaves, de una flota de vehículos, cuatro fincas, dos plazas comerciales, dos casas y un apartamento.
Conforme con el acta de acusación, el grupo se asoció para constituir una red criminal, dedicada al tráfico internacional de sustancias controladas, para lo cual adquirían aeronaves, las cuales preparaban con aditamentos, para agregarle horas de vuelo, labor que ha reportado los beneficios con los cuales han adquiridos bienes.
Sostiene que para la realización de tales actividades dicha red, utilizaba la fachada de empresarios de varios de los imputados, que se movían en el aérea de la aeronavegabilidad, además de la condición de pilotos y de mecánicos de avión de otros de los miembros de la red, lo que le permitió adquirir aeronaves, combustible y piezas para dicha naves sin levantar sospechas.
La acusación presentada por el ministerio público, añade que dichas aeronaves eran movidas de un aeropuerto a otro sin que constara en los libros de registro, a fin de no alertar a las autoridades, cambiando de igual forma las matriculas de los mismos para dificultar su ubicación y rastreo, para lo cual de igual forma utilizaban diferentes códigos que adquirían al mover las aeronaves de un país a otro.
(fuente el listin diario)
