El presidente de la Suprema Corte de Justica, Mariano Germán calificó hoy como una “desgracia que perturba a todos” el fenómeno del crimen organizado, que a su juicio azota la región, los gobiernos y las instituciones públicas e impiden que los ciudadanos puedan vivir en un ambiente de paz.
Empero, el también presidente del Consejo del Poder Judicial, dijo que se están asumiendo la responsabilidad política de adoptar medidas que progresivamente vayan reduciendo esa dramática situación que sacude las mismas entrañas de los países.
Puso como ejemplo el “Proyecto de Armonización de la Legislación Penal en la lucha contra el Crimen Organizado en Centroamérica y República Dominicana”, el cual fue remitido a las cancillerías de los países de la región, para fines de revisión y aprobación.
“Entendemos que sólo con la unión e integración de nuestros pueblos y asumiendo como un compromiso de nación esos instrumentos normativos podemos afrentar el cáncer del crimen organizado en la región, pues, como bien decía Simón Bolívar, la unión de nuestros pueblos no es una simple quimera, sino un decreto inexorable del destino”, apuntó.
Germán habló en esos términos en la apertura del taller para la discusión del tema “Armonización de la Legislación Penal de Crimen Organizado en Centroamérica y República Dominicana” que desarrolla la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica (COMJIB), por iniciativa del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y con el apoyo del Fondo España-SICA.
En la actividad participaron además Rodolfo Espiñeira Ceballos, Procurador General Adjunto y Director Nacional del Ministerio Público, en representación del Procurador General de la República; el señor José Ramón Antón, experto y representante de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica (COMJIB), jueces y representante del ministerio publico.
Sostuvo que en el área de Centroamérica y del Caribe se está buscando adaptar las legislaciones nacionales a los parámetros normativos aprobados a nivel regional por las máximas autoridades del sector justicia y gobierno, para con ella trabajar unidos en la erradicación de ese gran dolor y elegir el camino para encontrar la paz con que todos soñamos.
Expresó que dada la magnitud de esos desafíos se impone la cooperación y coordinación de nuestros países, y desde luego, la integración de los pueblos, como única posibilidad de hacer frente al problema de la criminalidad organizada, pues si la unión ha dado excelentes resultados en el ámbito de la economía, por qué no puede dar los mismos resultados en el ámbito de la justicia.
Explicó que el referido proyecto ha logrado importantes avances en su ejecución y que las instituciones vinculadas al sector justicia asumieron la hoja de ruta aprobada en San Salvador, El Salvador, los días 16 y 17 de enero de 2012 y luego de los talleres celebrados en Nicaragua, Honduras, Guatemala y Panamá.
Manifestó que en la misma se aprobó la propuestas de Armonización de la Legislación Penal y Procesal contra el Crimen Organizado en Centroamérica y la República Dominicana, la propuesta de Convenio Centroamericano de Cooperación Reforzada en Materia de Lucha contra la Criminalidad Organizada.
Señaló que el Poder Judicial dominicano ha dado desde el principio su apoyo a dicho proyecto, a través del magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, juez de la Suprema Corte de Justicia, quien ha participado activamente en todos los talleres y en la redacción de los documentos antes descritos, en el entendido de que, unos y otros, son fundamentales para una cultura de combate contra el crimen organizado en la región.
Destacó que en cuanto al ámbito judicial han dado pasos de avances en dicha integración, a través del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, órgano integrador de políticas en materia de aplicación de justicia y seguridad jurídica entre los Poderes Judiciales de los países de Centroamérica y el Caribe.
Manifestó que con el mismo están promoviendo proyectos como la propuesta para la ejecución del “Plan de Acción” para la implementación de la Carta de derechos iberoamericana de la víctima, la Red Centroamericana y del Caribe de jueces y juezas, fiscales y fiscalas para la protección de víctima y testigos; observatorio de protección jurisdiccional del medio ambiente en Centroamérica, Puerto Rico y República Dominicana.
(FUENTE EL LISTIN DIARIO)
