SANTO DOMINGO. El Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, inició un procedimiento a través del cual contempla solicitar medidas precautorias en contra de jueces y ex jueces por presuntos actos de corrupción, supuestamente ligados al proceso investigativo que se le sigue a la suspendida jueza Awilda Reyes Beltré.
Así está contemplado en una instancia dirigida al presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Julio César Canó Alfau, solicitando la designación de un juez de la Instrucción Especial para tales fines.
Domínguez Brito plantea que el 16 de este mes depositó por ante el Consejo del Poder Judicial una instancia en la que ponía en conocimiento el inicio de una investigación contra jueces y ex jueces del Poder Judicial por delitos graves, que van desde asociación de malhechores, prevaricación y lavado de activos.
Detalla que durante la investigación se ha visto en la necesidad de hacer solicitudes que a los fines de respetar el debido proceso deben ser autorizadas por un juez de la Instrucción competente, que en el caso de la especie tiene que se de Corte, en virtud de que varios de los investigados, como el caso de Reyes Beltré, tienen privilegio de jurisdicción.
Precisa que el Ministerio Público investiga abogados, imputados, ex jueces como parte de las pesquisas, pero el privilegio de jurisdicción que tienen los jueces suspendidos que son objetos de las indagatorias, arrastrarán la competencia privilegiada a estos objetos de la persecución penal.
Indica que entre la competencia de la Corte de Apelación está conocer en primera instancia de las causas seguidas a jueces de primera instancia y sus equivalentes, procuradores fiscales, titulares de órganos y organismos autónomos, y descentralizados del Estado, gobernadores provinciales, alcaldes del Distrito Nacional y los municipios.
En esas atenciones, el juez segundo sustituto del presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación y presidente de la Segunda Sala, Ramón Horacio González Pérez, emitió el auto No.90-G-2015, mediante el cual se autodesigna como juez de la Instrucción Especial para conocer de las solicitudes que formule el Ministerio Público, en el proceso de investigación iniciado en contra de la magistrada de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Reyes Beltré, por prevaricación, prevista en los artículos 118 y 183 del Código Penal.
Ordena que el auto sea notificado al Procurador General de la República.
El pasado viernes, Reyes Beltré proclamó su inocencia de las acusaciones formuladas en su contra, del alegado recibimiento de sobornos para adoptar decisiones a favor de imputados en crímenes graves.
La magistrada fue escueta al salir del despacho del procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, junto a su abogado de la defensa, Tomás Castro.
Castro aseguró que el Procurador planteó que la jueza se declare culpable, que involucrara a todo el que debía implicar y negocie la ejecución de la pena.
Las acciones y suspensiones de jueces
Como parte de las acciones encaminadas a establecer responsabilidades disciplinarias, el Consejo del Poder Judicial dispuso la suspensión de cinco jueces, a los cuales abrió un juicio disciplinario en su contra.
El CPJ inició el viernes un juicio disciplinario en contra de tres de los jueces acusados de la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
Los procesados son los magistrados de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia Santo Domingo, Víctor Mejía Lebrón y Rosó Vallejo Espinosa, así como José Dionisio Duvergé Mejía, este último de la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo de la Provincia Santo Domingo.
Los magistrados están suspendidos sin disfrute de salario, al igual que Delio Germán Figueroa, del Cuarto Tribunal Colegiado y Awilda Reyes Beltré, en ocasión de una denuncia presentada por ante el CPJ.
Las imputaciones formuladas por el procurador
El Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, involucra a esos magistrados como parte de una presunta red de jueces, dirigida por el renunciante miembro del Consejo del Poder Judicial, Francisco Arias Valera, que alegadamente se dedicaba a diligenciar decisiones a favor de acusados de narcotráfico, lavado de activos y corrupción, a cambio de percibir altas sumas de dinero para tales fines.
