SANTO DOMINGO. La sala penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, ratificó ayer la prisión preventiva de un año que pesa sobre ocho de los implicados en el escándalo de corrupción y robo de drogas en la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía Nacional (DICAN).
El tribunal colegiado, que preside el juez Manuel del Socorro Pérez García, rechazó así la petición de liberad que mediante recursos de apelación buscaban los ex fiscales Máximo Antonio Díaz Ogando y Ramón Augusto Veras Castro; el ex director de la DICAN, coronel Carlos Fernández Valerio; el mayor Luciano Gómez, el primer teniente Bárbaro Torres Beltrán, el sargento Pedro Almánzar González; el cabo Agapito Muñoz Evangelista y la raso Raidiris Lironely García.
En el caso del ex jefe de operaciones de la DICAN, teniente coronel Félix Humberto Paulino López, que también buscaba que se le variara la medida, los jueces decidieron reenviarlo para el próximo viernes, ya que sus abogados no se presentaron a la audiencia de ayer.
El tribunal, que componen, además, los jueces Darío Gómez y José Rossó, consideró que todavía no han variado los supuestos que llevaron a la jueza de instrucción Wendys Martínez, a dictar prisión contra los acusados. La magistrada entendió que el grupo no tenía los arraigos suficientes y que por ende podrían sustraerse del proceso en su contra.
De inmediato, los abogados defensores criticaron la decisión, atribuyéndola a presiones mediáticas.
“Nosotros veíamos venir esa decisión, porque la presión mediática que se ha creado sobre este proceso ha anulado el derecho, los jueces tienen una situación de presión muy fuerte, pues en la etapa en la que nos encontramos, los medios no tiene acceso a ver lo débil del proceso, contrario a lo grande que lo ha presentado el Ministerio Público”, dijo José Alexander Suero, abogado de Luciano Gómez.
Indicó que los elementos de prueba que presenta la Fiscalía a la opinión pública son distintos a los elementos que se presentan en el juicio, pero que los jueces no tienen la libertad para actuar, y que, por ende, era lógico esperar que se ratificara la prisión.
También Rafael Ruiz, abogado del acusado Agapito Muñoz, consideró que la Corte no varió la sentencia, debido a que la jueza que actuó en instrucción, es una de los integrantes de la Corte de Apelación. “Por eso entendemos contraproducente que un mismo juez, juzgue dos veces, porque sus pares no iban a variar la decisión que ella tomó”.
Los abogados dijeron que seguirán haciendo las diligencias legales correspondientes hasta demostrar la inocencia de sus defendidos.
Mientras el procurador de la Corte, Robert Rodríguez, ratificó ante los jueces la solicitud de mantener la prisión al grupo, por considerar que no habían variado los presupuestos que motivaron la medida de coerción.
El grupo guarda prisión en las cárceles de La Victoria y Najayo Mujeres.
La audiencia contra el grupo inició poco después de las 10:00 a.m., y se extendió más allá de las 3:00 p.m.
El caso
Las investigaciones por el caso DICAN se originaron tras el allanamiento en una vivienda en la Capital en la que supuestamente se encontraron más de 900 kilogramos de cocaína. Sin embargo, la droga habría desaparecido, y según las acusaciones se habría repartido entre los miembros de la policía y los fiscales actuantes.
En medio del proceso, fueron cancelados los el jefe y director de operaciones de la DICAN, así como los demás agentes involucrados.
Varios de los presuntos participantes decidieron entregar parte de sus bienes, entre ellos, apartamentos, dinero en efectivo y vehículos, a fin de no ser perseguidos por la justicia.
