Santo Domingo.– La gestión de Danilo Medina pondrá en marcha una embestida diplomática para contrarrestar en el plano internacional cualquier información que, desde su punto de vista, proyecte una información distorsionada del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.
La información la ofreció el canciller Andrés Navarro tras reunirse en el Palacio Nacional con el presidente Medina.El funcionario restó importancia a las afirmaciones del alcalde de Nueva York, Bill De Blasio, y su llamado a boicotear el turismo de República Dominicana para repudiar las repatriaciones de indocumentados haitianos que se propone impulsar el Gobierno. Navarro calificó las declaraciones del funcionario estadounidense como “otra versión”de personas que hacen juicio de valor sobre República Dominicana “sin tener datos reales” de lo que sucede en el territorio nacional.
Además del canciller, en la reunión con Medina en el Palacio participaron el ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta; el vocero del Gobierno, Roberto Marchena, y el director de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia, Ramón Tejada Holguín.Navarro resaltó que las primeras explicaciones sobre el plan de regularización y el proceso de repatriación que le seguirá serán servidas al gobierno del presidente Michel Martelly.
Ya el embajador de Haití en Santo Domingo, Daniel Supplice, había informado que una delegación diplomática dominicana viajaría a Puerto Príncipe para revisar el protocolo sobre las repatriaciones.Supplice reconoció que en su gobierno había tensión frente a las informaciones que dan cuenta de que República Dominicana se apresta a repatriar a indocumentados haitianos.Dijo que su gobierno desconoce el número de haitianos que residen en territorio dominicano. “Se habla 500 mil, un millón, no se sabe, lo que sabemos es que es una información del gobierno dominicano, son casi 300 mil que se registraron en el Plan de Regularización, de los cuales el 96% son haitianos“, sostuvo.
De acuerdo al Gobierno, un total de los 288,466 extranjeros se acogieron al Plan Nacional de Regularización antes de que cerrara el plazo de 18 meses que venció la semana pasada. Los inscritos tienen ahora 45 días para completar la documentación necesaria que les permita tramitar un estatus migratorios regular.Mientras, el Gobierno insiste en que sacará de su territorio a todos indocumentados que no se acogieron al plan.
