La cancillería venezolana detalló hoy a la embajada de EE.UU. en el país una serie de medidas de “reciprocidad” que incluyen la aplicación de visado a los estadounidenses que deseen entrar a Venezuela y la reducción de su delegación diplomática en Caracas a 17 funcionarios.
Esta decisión supone una vuelta de tuerca más en las maltrechas relaciones entre EE.UU. y Venezuela, dos países sin representación diplomática de alto nivel entre ellos desde 2010, y una situación que tras los acontecimientos de los últimos días parece lejos de solucionarse.
Las medidas fueron anunciadas el fin de semana por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien ordenó además que toda reunión de los diplomáticos norteamericanos en el país tiene que llevarse a cabo con el consentimiento de su Gobierno, para lo que se amparó en la Convención de Viena que regula las relaciones diplomáticas.
Maduro tomó esta decisión tras acusar a EE.UU. de estar detrás de un plan de golpe de Estado, ya desmantelado, en el que también estarían presuntamente involucrados políticos de la oposición venezolana y en el que incluso se buscaba atentar contra su vida, acusaciones calificadas ayer de “falsas” desde Washington.
La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, se puso hoy manos a la obra y en una reunión en la sede del ministerio de Exteriores en Caracas le informó al encargado de negocios de la embajada de EE.UU. en Caracas, Lee Clenny, que disponía de 15 días para presentar a los funcionarios que permanecerán en el país tras la decisión de Maduro.
“Se le dio un tiempo de 15 días para presentar el plan en cuanto a la clasificación de rango de funcionarios que deberán permanecer en nuestro país acreditados por su Gobierno en Venezuela”, dijo Rodríguez en una breve declaración a la prensa tras reunirse con Clenny.
Según comentó Maduro el fin de semana, la representación diplomática de EE.UU. en el país supera el centenar de personas, número que tendrá que reducirse hasta los 17 que, aseguró, tiene Venezuela en Washington.
La ministra, que calificó el encuentro con Clenny de “cordial” y “ameno”, argumentó que estas medidas se deben a acciones “enmarcadas en el derecho internacional público, en los propósitos y principios de las Naciones Unidas y que en principio conciernen a la reciprocidad que debe regir entre los Estados soberanos”.
Las relaciones entre Venezuela y EE.UU. pasan por uno de sus puntos más bajos.
Ambos países están sin embajadores desde 2010, cuando el Gobierno del entonces presidente venezolano, Hugo Chávez, rechazó la designación de Larry Palmer como jefe de la misión diplomática estadounidense en Caracas por unas declaraciones que hizo en el Senado sobre Venezuela.
Washington decidió, en respuesta, revocar la visa de Bernardo Álvarez como embajador venezolano.
Desde entonces, los cruces de acusaciones han sido constantes y el Ejecutivo venezolano ha expulsado a funcionarios estadounidenses bajo señalamientos de injerencia y de contribuir a desestabilizar el país, expulsiones ante las que Washington tomó medidas recíprocas.
Las relaciones se tensaron de nuevo con una serie de sanciones desde Washington a funcionarios venezolanos, las más recientes a comienzos del pasado febrero, acusados de violar derechos humanos durante las manifestaciones que vivió el país caribeño durante la primera mitad de 2014.
Estas sanciones incluyen la supresión de sus visas de viaje a EE.UU. y la congelación de activos que podrían tener bajo jurisdicción estadounidense.
En tanto, la situación continuó hoy generando reacción por parte de los Gobiernos de la zona, como Colombia, desde donde, según ha dicho Maduro, grupos paramilitares buscan ingresar a Venezuela para llevar a cabo “acciones desestabilizadoras”.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo hoy a la cadena estatal de televisión española que la idea de que su país esté implicado en un supuesto complot contra el Gobierno venezolano “no tiene pies ni cabeza”.
Y el mandatario peruano, Ollanta Humala, sostuvo durante una rueda de prensa que la mala relación entre EE.UU. y Venezuela, al que describió como “un país muy importante en la región”, es “un problema de hace varios años” que le corresponde solucionar a esas naciones de manera bilateral.
