SANTO DOMINGO. Una influyente parte de la sociedad civil busca no quedarse fuera y dejar su impronta en este proceso de reformas electorales y cambios en Justicia, la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas.
Ya son más de 30 las organizaciones que están bajo la sombrilla de la coalición denominada “Iniciativa por la Institucionalidad Democrática”, que surgió a propósito de la Cumbre del Poder Judicial.
Ahora han tenido como aliado coyuntural al bloque de partidos opositores que abruptamente abandonaron el diálogo con el sector oficialista, que estuvo bajo la coordinación de monseñor Agripino Núñez Collado.
Esa alianza es muy parecida al dicho popular de “juntos, pero no revueltos”, ya que los partidos opositores sorprendieron a las organizaciones de la sociedad civil con su salida, justo cuando ese sector iniciaba su participación en la mesa de diálogo, aunque de manera provisional.
El politólogo Freddy Ángel Castro, coordinador del Grupo Estratégico Gobierno y Democracia, consideró que la sociedad civil no puede pasar de ser un ente de supervisión en este proceso.
“La sociedad civil no está para colocar actores de ellos directamente en las instancias del poder político, porque ellos tienen un espacio limitado, que es la función de veeduría, de control, de supervisión social, que es el rol que debe hacer en el país”, indicó.
Argumentó que se debe respetar el papel de los partidos políticos, y de la mayoría que se ha manifestado.
“La sociedad civil, lo que está tratando es, y es a lo que debería aspirar, a la construcción de un perfil ciudadano, pero no imponerle a los partidos políticos del sistema sus propios candidatos”, indicó.
Sostuvo que el partido político que ganó las elecciones debe tener una mayoría en los órganos de representación política del Estado.
“Por consenso democrático, se debe acreditar a otros miembros de los partidos políticos en esos órganos”, expresó.
El papel de la sociedad civil
El politólogo Rafael Toribio explicó que la coalición de la sociedad civil aclaró que “lo que la sociedad civil está reivindicando no es sustituir ningún órgano del Estado en la decisión de quiénes deben ser los miembros de la Junta Central Electoral, TSE o de la Cámara de Cuentas, sino que se pongan de acuerdo en las condiciones, cualidades que debiera tener la persona que sea electa”. Se quejó de que el PLD había apoyado la participación de la sociedad civil en anteriores procesos de diálogo. Atribuyó el desinterés actual del PLD a que en otras ocasiones no tenía la mayoría que tiene ahora y sí necesitaba acuerdos.
Unidos tras el golpe
Once son las organizaciones políticas, 9 de ellas reconocidas y 2 que buscan el reconocimiento, las que se han agrupado para enfrentar al oficialismo.
Extrañamente, han excluido al Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD) de la lista de partidos que están en ese bloque opositor.
