SANTO DOMINGO. La caída de los precios del petróleo y del gas en los mercados intencionales proporciona “una oportunidad única en una generación” para que República Dominicana solucione de una vez por toda uno de los problemas estructurales de su economía que más afecta su competitividad: las deficiencias del sector eléctrico creadas por sus “malas políticas de la energía”.
La opinión es de The Economist Intelligence Unit. En un informe sobre el futuro del sector eléctrico en República Dominicana, encargado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo, observa que el alza internacional del petróleo a partir de la década del 2000 actuó “factor desestabilizador” para el sector eléctrico, al incrementarse el costo de generación de una energía que para ese año se producía a base de un 90% de fueloil.
En ese contexto el Gobierno, interesado en evadir el costo político que le representaría el incremento de la tarifa eléctrica, “respondió congelándola”. Pero esta situación solo empeoró con la crisis bancaria del 2003, que al combinarse con los efectos de las alzas en los precios del crudo, aceleraron los desequilibrios macroeconómicos y fiscales, lo que provocó la pérdida de confianza y la depreciación del peso dominicano.
Según The Economist, este es el origen de la crisis que dio al traste con la voluntad política de los gobiernos para mantener el impuso de la capitalización del sector eléctrico implementada a partir del 1997.
Afirma que “el sector ha permanecido en un estado de crisis desde principios la década del 2000”, a pesar de los “avances sustanciales” en la diversificación de la matriz de generación, que ha reducido a un 40% la dependencia del sistema a los hidrocarburos, al incorporarse el gas natural (un 31%), el carbón (14%) y otras fuentes de energía renovable como la eólica.
De este modo, la tarifa técnica cuya aplicación ordenaba la Ley General de Electricidad promulgada en 2001, cedió el paso en ese mismo año a la “tarifa aplicada”, que es publicada cada mes por la Superintendencia de Electricidad (SIE), y que está “consistentemente por debajo” de los niveles de tarifas técnicas e indexadas. Por ejemplo, entre 2009 y 2012, la tarifa aplicada estaba 47% por debajo de la tarifa indexada. Esto crea una brecha entre el costo real de producción y el precio en que las distribuidoras pueden vender la electricidad, lo que provoca un eterno infarto al sector: “En el corazón de los problemas del sector eléctrico se encuentra un déficit financiero causado por las grandes pérdidas técnicas y no técnicas incurridas por las empresas de distribución de electricidad”.
Pero el escenario internacional le permite concluir a The Economist que la discusión para acordar un pacto eléctrico, iniciado por el gobierno del presidente Danilo Medina en enero del 2015, “ocurre en un momento oportuno”.
Dice que las medidas prácticas sobre las que se deben tomar decisiones son “el papel apropiado del estado” en relación con el mercado del sector eléctrico. Otro aspecto relevante consiste en redefinir y separar las funciones de las instituciones reguladoras en el sector y “hacer sus operaciones más transparentes”. Asimismo propone “despolitizar” los procesos de tomas de decisiones, reorganizar las empresas estatales de electricidad, y satisfacer las necesidades de inversión a largo plazo. También recomienda abordar la falta de pago y las pérdidas de electricidad, y aplicar un esquema de tarifa que refleje los costos reales.
Las pérdidas de electricidad son la principal causa del déficit financiero del sector, seguido por la no aplicación de la tarifa técnica. En 2013, éstas promediaron 33.1%, según las estimaciones oficiales. Pero pueden ser mayores. Según The Economist, existe una falta de contabilización adecuada de las pérdidas en el sistema, porque no se realiza un informe separado para clientes no regulados y regulados en las cuentas de las distribuidoras. “Esto constituye una falta de transparencia, y podría ocultar la medida del desempeño relativamente pobre del sector regulado”, afirma.
