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SANTO DOMINGO. El juez de Instrucción Especial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Antonio Sánchez Mejía, dispuso esta madrugada que la suspendida jueza Awilda Reyes Beltré y el renunciante juez Francisco Arias Valera guarden prisión domiciliara, en vez de prisión preventiva, argumentando “que no se demostró que pertenezcan a una red criminal”.

Ambos jueces permanecerán bajo vigilancia del Ministerio Público, que los acusa de prevaricación y soborno.

Para su decisión, el juez Sánchez Mejía acogió un pedimento de los abogados de los imputados, Carlos Balcácer y Harold Echavarría. También tomó en consideración que cuando se les impuso medida de coerción de tres meses de prisión en la cárcel de Najayo, los jueces estaban acusados de lavado de activos, pero este cargo fue excluido posteriormente en la acusación.

Actualmente, Reyes Beltré está suspendida de sus funciones y Arias Valera renunció.

En la audiencia, Reyes Beltré dijo al Tribunal que es la más interesada en que se conozca el fondo del caso, porque sólo así se sabrá la verdad, ya que a su juicio, el Ministerio Público no se tomó la molestia de investigar qué fue lo que pasó, y que el hecho de que decidió no renunciar a su condición de jueza es una muestra de que no tiene interés en sustraerse del proceso.

El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), acusa a la suspendida jueza de soborno, asociación de malhechores y prevaricación por alegadamente recibir de Arias Valera RD$350 mil para dejar en libertad al regidor por Pedro Brand, Erickson de los Santos Solís, acusado de sicariato. Además, se le atribuye actuar a favor de imputados en otros casos de narcotráfico y sicariato.

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