RÍO DE JANEIRO. La crisis política brasileña se agravó con resoluciones judiciales que bloquean el nombramiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como jefe de gabinete de su sucesora, tras una tumultuosa ceremonia de juramentación y fuertes protestas.
La primera resolución fue anulada por un tribunal superior, informó este viernes la agencia noticiosa estatal Agencia Brasil, pero un segundo juez en Río de Janeiro emitió inmediatamente otra resolución, lo que agravó la confusión política en la que está sumido el país.
La oposición acusa a la presidenta Dilma Rousseff de querer ayudar al otrora popular Lula a evitar problemas legales. Hace menos de dos semanas el expresidente fue interrogado por la policía en relación con una enorme pesquisa de corrupción. Los miembros del gabinete solo pueden ser investigados, acusados o encarcelados con autorización de la Corte Suprema.
Rousseff insiste que el nombramiento no tiene que ver con problemas legales y que quiere la ayuda de Lula para encarrilar la economía y rechazar los intentos de derrocarla mediante juicio político ante denuncias de mal uso de fondos fiscales. El proceso hacia el juicio político dio un paso importante el jueves con el nombramiento de una comisión especial en la cámara baja del Congreso.
El estado de furia generalizada que dio lugar a marchas con la participación de 3 millones de personas en todo el país el fin de semana pasado tuvo nuevas manifestaciones el jueves en Brasilia y Sao Paulo, con muñecos inflables de Lula vestido de presidiario. Se preveía un acto a favor de Lula para las próximas horas, pero no estaba claro si asistiría el exmandatario.
Rousseff tomó la ofensiva en la ceremonia de juramentación del jueves, al calificar de “golpistas” a los que buscan su dimisión y acusar a Sergio Moro, el juez que preside la pesquisa por corrupción en la petrolera estatal Petrobras de violar la constitución al servicio de intereses partidistas.
“Sacudir la sociedad brasileña por medio de mentiras, maniobras furtivas y prácticas muy criticadas viola las garantías constitucionales y sienta precedentes muy graves”, dijo Rousseff. “Así comienzan los golpes” de estado, agregó.
Tanto Rousseff como Silva han negado reiteradamente haber cometido delito alguno mientras que el gigante sudamericano, un país de 200 millones de habitantes, enfrenta varias crisis en diversos frentes.
La investigación ha implicado a decenas de figuras públicas de todo el espectro político brasileño y a destacados empresarios. Es una de varias crisis que afectan al país cinco meses antes de que se celebren los Juegos Olímpicos de Río y que se suman a una creciente y profunda recesión y a un poderoso brote del virus del zika.
