SANTO DOMINGO. Desde la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional se están dictando sentencias definitivas a personas que han admitido su culpabilidad en diversos hechos delictivos.
En tan sólo un mes, el juez José Alejandro Vargas ha homologado un total de 35 acuerdos penales plenos entre el Ministerio Público y los imputados por infringir la ley, en la mayoría de casos ha sido por violación a la de drogas y sustancias controladas.
Según el magistrado este procedimiento persigue el descongestionamiento de los tribunales, se evita el proceso penal completo, representa un ahorro en el aspecto económico y una reducción de la cantidad de presos preventivos.
Señala que con los juicios abreviados se evita que se tenga que estar declarando a un imputado en rebeldía porque desde que llegue el caso a Atención Permanente, se conoce, y ahí recibe una respuesta inmediata y efectiva.
Vargas, quien es juez del Octavo Juzgado de la Instrucción, destacó que si esa práctica se convierte en una política institucional y se irradia a nivel nacional, se podrían lograr que entre 35 a 40 por ciento de los casos que llegan al sistema sean resueltos ahí mismo.
“Eso implicaría que de cada 100 casos, 35 o 40 ya no tendría que entrar al sistema. Lo que implicaría un descongestionamiento frente a la demanda de respuesta de la población”, dijo.
Describió que un proceso penal ordinario por imputado, dependiendo el caso, implicaría una inversión de alrededor de RD$150 mil o RD$200 mil, quizás más. Todo ello producto de los aplazamientos, traslado de la cárcel a los tribunales, la cantidad de trabajo que tienen los tribunales y la fecha de fijación de audiencias.
El juez puso como ejemplo los casos de Aigan Acie, Rafael Antonio Liriano y Diego Cuevas, condenados a uno, tres y cinco años de prisión por violar ley de drogas, los cuales ya no tendrán que pasar por ese proceso, sino que van directamente al juez de ejecución de la pena para que se le dé cumplimiento a la resolución. l
Las mismas pruebas
Los actores del sistema son conscientes de que en la mayoría de los procesos los elementos de pruebas presentados en los juicios de fondo son los mismos que se presentan en la solicitud de medida de coerción. Los acuerdos se pueden alcanzar en cualquier momento antes de la audiencia preliminar por lo que los presos preventivos, cuyos delitos no superen condenas de 20 años, pueden optar por él.