JCE

SANTO DOMINGO. “El problema de las personas apátridas existe”, afirma Amnistía Internacional en un informe que divulga hoy, en el que cuestiona que las autoridades sigan sin reconocerlo, y recomienda que se investigue a funcionarios de la Junta Central Electoral (JCE) y de la Dirección General de Pasaportes por alegadas conductas discriminatorias al momento de atender a extranjeros para su registro.

“El 26 de junio de 2015, la JCE publicó una lista de alrededor de 55,000 personas que podían conseguir documentos de identidad, al reconocerlas como dominicanas. Si bien el gobierno dominicano se apresuró a declarar que consideraba resueltos los casos de todas las personas de la lista, muchas de ellas siguen encontrando obstáculos para conseguir documentos de identidad, y para que se les reconozca plenamente su nacionalidad dominicana, mientras que a otras a las que se les han negado estos documentos no aparecían en la lista”, asegura el informe.

Para sustentar estas afirmaciones, para el reporte “Sin papeles no soy nadie”, personas apátridas en la República Dominicana, Amnistía Internacional indica que un personal del organismo visitó en dos ocasiones la República Dominicana: en marzo de 2014 y junio de 2015. La delegación estuvo en la capital, Jimaní y varios bateyes donde viven haitianos, especialmente de El Seibo, Mao, Monte Plata, Puerto Plata, Santo Domingo y San Pedro de Macorís. En estos lugares se entrevistó con 102 mujeres y 41 hombres, a quienes dieron seguimiento. También habló con periodistas, abogados, activistas y funcionarios.

Amnistía Internacional concluye que la aplicación de la Ley 169-14, que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil dominicano y sobre naturalización, ha sido lenta y carente de transparencia.

Al referirse a un grupo de afectados cuyo nacimiento nunca fue declarado, indica que “dado que la Ley 169-14 establece que no se puede solicitar la nacionalidad dominicana por naturalización hasta transcurridos dos años desde la obtención del permiso de residencia, las 8,755 personas que se acogieron a la ley actualmente siguen siendo apátridas, salvo que hayan adquirido otra nacionalidad”.

Amnistía Internacional afirma también que las personas previamente inscritas en el Registro Civil a las que se les sigue negando documentos de nacionalidad que podrían servir de prueba de su identidad “siguen siendo apátridas”.

Destaca que grupos nacionalistas utilizaron los cambios en los patrones migratorios para fomentar el miedo a una “invasión pacífica” de haitianos, y promovieron una interpretación restrictiva de “en tránsito”.

Recomendaciones
En el informe se exhorta al país a tomar medidas para dejar sin efecto legal varios artículos de la Ley 169-14 y modificar la Ley sobre Migración de 2004 y su reglamento para eliminar el requisito de emitir un acta de nacimiento diferente a hijos de extranjeras indocumentadas.

A las organizaciones internacionales, gobiernos y donantes se les recomienda que, si aún no lo han hecho, reconozcan “públicamente la existencia y las causas de la apatridia” en el país. A Haití, que adopte una nueva ley sobre nacionalidad que permita que los afectados por la prohibición de la doble nacionalidad que estaba en vigor entre 1987-2012, vuelvan a adquirirla.

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