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En un duro golpe a la Casa Blanca, la Corte Suprema de Estados Unidos anunció el jueves que está dividida en torno al caso sobre los polémicos decretos del presidente Barack Obama sobre inmigración.

El fallo significa que los programas no entrarán en vigor y que el tema volverá a una corte inferior, y ya es muy poco probable que se hagan realidad en lo que queda de presidencia de Obama.

 El mandatario anunció los programas a bombo y platillo en 2014, con los que 4 millones de inmigrantes indocumentados esperaban poder salir de las sombras y obtener autorización de trabajo temporal y otros beneficios asociados.

Texas y otros 25 estados se opusieron de inmediato a estos programas y fueron bloqueados por una corte de distrito en 2015.

La decisión generó la reacción inmediata de varios líderes demócratas, entre ellos la aspirante presidencial Hillary Clinton, quien se mostró decepcionada con el fallo y dijo que “desgarraría a 5 millones de familias que enfrentan la deportación”

El comunicado de la Corte Suprema es escueto. No explica por qué, ni cómo votaron los magistrados; solo que, por estar divididos, queda en pie el fallo de la Corte de Apelaciones del 5 distrito que impidió la implementación de los decretos presidenciales conocidos como DACA y DAPA.

La muerte del magistrado Antonin Scalia dejó el camino abierto a un escenario como el de este jueves. En condiciones normales, la Corte Suprema tiene nueve integrantes por lo que no hay posibilidad de empate, pero en la actualidad solo hay ocho y por eso no hubo mayoría.

Los decretos presidenciales beneficiarían a por lo menos 4 millones de personas al ampliar la categoría de quienes pueden obtener un permiso temporal e incluir a los padres indocumentados de ciudadanos o residentes legales de Estados Unidos.

La Corte de Apelaciones del 5º distrito con sede en Nueva Orleans rechazó el pedido del ejecutivo para implementar las medidas a pesar del fallo del juez federal Andrew Hanen de Texas, quien frenó la implementación de las medidas al aceptar el argumento de 25 estados encabezados por Texas, que alegan que emitir licencias de manejo a quienes obtengan la legalización temporal representará un gasto mayor a las arcas estatales.

El proceso seguirá su curso en las cortes y los decretos ya no podrán ser implementados durante el mandato de Obama.

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