SANTO DOMINGO. El procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, advirtió que lejos de resolver un problema, el proyecto de ley para el control y regulación de las armas de fuego empeoraría la situación del país, estimularía el comercio de armas y pondría en mayor riesgo a la población.
En rueda de prensa, afirmó que abrir totalmente el negocio de importación y comercialización de armas de fuego contribuiría a empeorar la situación en materia de seguridad ciudadana.
Hizo constar que la mayor tasa de criminalidad que se registra en el país se debe al uso indiscriminado de armas, que en el 2014 de 1,808 homicidios, 1,130 fueron por esos artefactos, equivalentes al 62%.
El funcionario dio a conocer una carta enviada a la presidenta del Senado, Cristina Lizardo, en la que plantea que la violencia armada contra las mujeres es preocupante, tomando en cuenta que el año pasado ocurrieron 188 feminicidios, de los cuales 83 fueron con armas de fuego, para un 67%.
Cuestionó que en el artículo 6, párrafo 3, considera los fusiles como armas para civiles.
“Nosotros no podemos permitir que, aún sean casos excepcionales, fusiles como M-14, M-16 o Fal, que son armas de guerra, puedan caer en manos de particulares, en el uso civil, cuando debe ser de uso exclusivo militar”, enfatizó.
Entiende que nadie menor de 30 años puede tener permiso de portar armas de fuego, porque la mayoría de homicidios que suceden involucran a jóvenes de 18 a 22 años.
Domínguez Brito es partidario que se establezcan nuevas penas, de hasta 40 años, para toda persona que le quite la vida a alguien para cometer un robo o un atraco con un arma legal.
Asimismo, planteó que un ladrón que quite la vida a otra persona para robarle, no se trata de un homicidio que apareje una pena de 20 años, sino que debe recibir 30 años.
Considera que el proyecto, aprobado por la Cámara de Diputados, sin proponérselo, revive nuevamente la industria y la oferta de venta de armas y municiones en la República Dominicana, que había sido limitada a partir del decreto 309-06, del 24 de julio del 2006.
“Lo peor de todo es que la mayoría de armas utilizadas en la República Dominicana para cometer homicidios, robos y otros delitos se practican con armas de origen legal, y armas que han sido robadas a sus propietarios, y con ellas matan a nuestras mujeres, a nuestros jóvenes y a muchos dominicanos y dominicanas”, argumentó.
Observa que esa disposición presidencial prohibió la importación de armas de fuego para el comercio con particulares. “Particularmente consideramos necesario y fundamental reorientar la discusión sobre tan importante proyecto de ley, a los fines de mejorar la regulación sobre uso de armas de fuego en la población civil”, subrayó.
Indica que el pueblo dominicano debe entender que se están atracando y matando con las mismas armas con la que se han pagado impuestos, que están registradas y legalizadas.
Sugiere que el policía y militar que preste o alquile su arma de fuego para la comisión de un delito, debe recibir penas de tres a cinco años.
Observaciones del procurador
Destaca que el artículo 3, numeral 35, del proyecto contiene una definición de la tenencia que es inapropiada, porque la confunde con el porte. Asimismo, observa que el artículo 5, por razones de orden público, debe reconocer la facultad plena del Ministerio de Interior y Policía para otorgar o no licencias para armas de fuego y cancelarlas cuando considere de lugar. Sugiere que se delimite el tipo de armas que deben usar el Presidente de la República, el Vicepresidente, los senadores y diputados. Pide que sean revisadas las observaciones que hace en lo referente a la restricción de ciertos tipos de armas al exclusivo uso militar.
