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SD. Los acontecimientos en el sistema de justicia, donde en los últimos días se han producido traslados y sometimientos de jueces por supuestos actos de corrupción en sus funciones, tienen preocupados a varios sectores del derecho que ven amenazada la independencia de quienes imparten justicia en el país.

Las reacciones surgen de las fundaciones Institucionalidad y Justicia (Finjus), y Justicia y Transparencia (FJT), del Colegio Dominicano de Abogados, y de la Fundación Prensa y Derecho, cuyos representantes cuestionan el derrotero por el que entienden se ha ido el Poder Judicial.

Ayer, el electo presidente del Colegio de Abogados, Surún Hernández, manifestó su apoyo moral al juez del Tribunal Superior Administrativo, Rafael Ciprián, trasladado de jurisdicción la semana pasada, junto a otros dos magistrados.

Según Hernández, ese traslado es inoportuno, porque en estos momentos de cuestionamientos, mancha una conducta intachable como la del juez Ciprián, a quién define como uno de los jueces más honestos y trabajadores del sistema. “Eso no es conveniente en estos momentos, porque la imagen del sistema está debilitada con los escándalos que ha tenido. Eso crea ruidos”, afirmó.

El propio magistrado Ciprián ha manifestado públicamente su descontento ante lo que califica de bajeza y abuso de poder. A través de las redes sociales llama a luchar “por el fortalecimiento institucional, por el cumplimiento del debido proceso, por la independencia, imparcialidad y objetividad de los jueces y contra la arbitrariedad y los atropellos del poder”.

A las 10:00 a.m. de hoy, el juez tiene previsto presentar un recurso de revisión a la decisión del Consejo del Poder Judicial que ordena su traslado.

Ciprián era juez de la Primera Sala del TSA, y fue designado como sustituto de la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional.

Los otros dos trasladados fueron Federico Fernández y Vanessa Acosta, miembro de la Primera Sala y titular de la Tercera Sala del TSA, respectivamente.

Transparencia
En un documento, Finjus demanda transparencia en los procesos de traslado de los jueces, y recuerda que esa atribución no es simplemente administrativa, sino que está ligada a la función jurisdiccional. Entiende que las acciones tomadas en contra de los jueces “pueden interpretarse como actos de retaliación, castigo o discriminación ilegal, lo que pondría en serias dudas la independencia interna o funcional en el PJ”.

Finjus considera conveniente que se disponga que todas las decisiones y actos que pudieren afectar o estar relacionados con la imparcialidad, independencia y transparencia del Poder Judicial y los jueces de las diferentes jurisdicciones sea de público conocimiento.

“En este sentido instamos a la publicación de todas las actas y decisiones del CPJ que afecten los jueces, tanto para su traslado, remoción o ascenso en su función judicial”.

Para el presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Vidal Potentini, el traslado también fue inoportuno, y defiende el trabajo del juez Ciprián.

Reconoce la potestad que tiene el Poder Judicial para hacer los traslados que considere, pero recuerda que los mismos tienen que realizarse atendiendo a los parámetros legales establecidos.

Vidal Potentini estima que la jurisdicción Contenciosa Administrativa tiene que ser replanteada, y propone una cumbre para que se analice todo el sistema de justicia y se busquen los correctivos de lugar.

es todo un plan
El presidente de Prensa y Derecho, Namphi Rodríguez, advierte que detrás de los acontecimientos que afectan a la justicia, existe un plan para generar el ambiente que lleve a una gran remoción de los jueces.

Como parte del plan que refiere, las autoridades de gobierno habrían limitado la entrega de presupuesto a la Justicia, de forma tal que no se pueda hacer frente a las necesidades y reformas que necesita. “Eso que pasa no es fortuito, se da un proceso de descrédito institucional, no se dan los fondos, para que el Poder Judicial se ahogue sin fondo, se deja que se languidezca para luego hacer una remoción”, sostiene Rodríguez.

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