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Esta medida incluida en la orden ejecutiva sobre ciudades santuario supondría quitar la protección a los datos de indocumentados, inmigrantes no residentes, turistas o extranjeros con visado.

Entre los puntos más alarmantes de la orden ejecutiva sobre ciudades santuario firmada por Trump, hay uno que tiene que ver con la privacidad de la información personal identificable. De cumplirse, supondría abrir el acceso a los datos de indocumentados guardados por las distintas agencias del país para que pudieran ser compartidos con los agentes de deportación. Pero también dispara las alertas en lo que respecta a los derechos de privacidad de inmigrantes no residentes, turistas o extranjeros con visado.

Según el texto específico del decreto firmado el miércoles por Trump, “las agencias deberán, en la medida en que sea compatible con la legislación aplicable, garantizar que sus políticas de privacidad excluyan a personas que no sean ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes de las protecciones de la Ley de Privacidad”.

“Tenemos un gran problema”, dijo a Univision Noticias Lilia Velásquez, profesora adjunta de la Facultad de Leyes de la Universidad de California en San Diego. “No se pueden reconciliar las leyes actuales con las órdenes ejecutivas que emite el presidente Trump”.

 Derechos constitucionales

Velásquez explica que la privacidad de las personas está garantizada por la Constitución, y el mandatario “no puede quitar derechos otorgados por leyes estatales y federales por medio de una orden ejecutiva, y decirles a las agencias que se salgan de la ley y hagan lo que él les dice”.

“No me cabe la menor duda que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU está estudiando esto para presentar sus primeras demandas”, agregó.

Advertencia de la ACLU

El 11 de noviembre del año pasado, tres días después de la elección de Trump, la ACLU publicó una carta abierta en los principales diarios del país advirtiéndole al mandatario que se enfrentarán a él “con toda la munición disponible” si encuentran que sus medidas violan la Constitución.

“Nuestra plantilla entera de activistas y abogados, nuestros miles de voluntarios y nuestros millones de simpatizantes, están dispuestos a luchar contra cualquier restricción sobre nuestros venerados derechos libertades”, dijo en la misiva Anthony Romero, director de ACLU.

Velásquez agregó que el gobierno federal “no puede ignorar la ley por acatar una orden ejecutiva y violar el debido proceso”. Y apuntó que la comunidad de abogados y defensores de los derechos civiles “estamos enojados porque, a tan solo pocos días en el poder, (Trump) quiere rehacer el mundo”.

“Esta medida van en contra de los derechos de las personas con o sin papeles”, apuntó.

Los dreamers sufren

Uno de los grupos que puede verse afectado por esta orden son los dreamers, jóvenes indocumentados que entraron siendo niños al país y se encuentran protegidos de la deportación bajo el amparo de la Acción Diferida de 2012 (DACA). Ellos temen que si Trump cancela la orden ejecutiva firmada por Obama, la información que le entregaron al gobierno sea utilizada por Trump con fines de deportación.

A comienzos de enero el exsecretario de la Seguridad Nacional, Jeh Johnson, le envió una carta al Congreso explicando que esos datos habían sido recopilados con el compromiso del gobierno federal de no utilizarlos para ningún otro fin que no sea activar los beneficios de DACA.

“Los temores surgen porque el programa difiere la deportación, y si ahora el gobierno quiere usar los datos de los dreamers para otros fines, lo puede hacer”, comentó Velásquez. “Aunque Trump diga que estos jóvenes no sean una prioridad de deportación, tiene derecho de pedirla. Los podremos acusar de crueles, de no tener corazón, pero tienen el derecho de utilizar esos datos”.

La postura oficial

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) dice en una de sus páginas de internet que “la privacidad es más que un valor fundamental que nosotros, como estadounidenses, acogemos: es la ley”.

Y añade que “todo el personal, incluso los empleados y contratistas federales, son responsables de manejar información personal apropiadamente de acuerdo a sus funciones oficiales. El mal manejo de información puede constituir un delito, lo cual puede resultar en multas personales”.

La regla también afectará a las ciudades santuario que han decidido no cooperar con el gobierno federal en materia de inmigración, como por ejemplo compartir sus bases de datos de los centros de detención con el DHS. Trump ha advertido que las ciudades que no colaboren les cortará fondos federales de ayuda.

El documento explica que antes de poner en vigencia las órdenes del presidente, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional debe publicar el reglamento en el registro federal para el comentario público. Una vez recibido, debe considerarlo para redactar la regla final. El proceso puede demorar varios meses.

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