SANTO DOMINGO. La comisión ampliada de la Procuraduría General de la República en la investigación del presunto robo de drogas incautadas por la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía (DICAN) estableció que el cargamento presuntamente que quedó en manos del jefe de Operaciones de la DICAN fue comercializado en la calle, y alegadamente se logró vender en unos US$10 millones.
Según las investigaciones, los 250 kilogramos que se llevaron los fiscales, fueron gestionados para supuestamente ser vendidos por el primer teniente de la policía William Ruddy Rosario Guerrero, el cual alegadamente llevó la droga a Guerra a donde fue vendida a US$10,000 el kilo al capitán de la Policía Santo Medina Familia, alias Nachy.
Detalla que la investigación ha identificado que el oficial presuntamente se ha dedicado por muchos años a la práctica del narcotráfico, transportando y distribuyendo drogas en varios países de Europa, como Bélgica, Holanda, Francia, España e Italia.
“En la actualidad, el capitán Santo Medina Familia no ha respondido a múltiples llamadas de esta comisión, ni tampoco del Departamento de Recursos Humanos de la Policía Nacional, por lo que se ha suspendido, y se ha solicitado declararlo desertor”.
Consigna que supuestamente también se le entregó la cantidad de 70 kilos al primer teniente Bárbaro Torres Beltrán, por su supuesta participación en el operativo y como pago por su silencio. “Pero cuando éste se desplazaba con la droga por el puente de la 17, fue interceptado por una patrulla de la DICRIM, comandada por el teniente coronel Báez Ubiera, y procedieron a robarle dichos kilos de cocaína”. Plantea que Beltrán supuestamente comenzó a quejarse de que a él le robaron la droga, y que se había quedado sin nada.
Narra que el teniente coronel alegadamente se le acercó al coronel Carlos Valerio Fernández, director de la DICAN, y éste presuntamente ordenó al teniente coronel Paulino que le resolviera a Beltrán, “pues era un peligro, pues estaba hablando mucho, el teniente Coronel Paulino, le entregó RD$500,000 para comprar su silencio”.
Indica que el fiscal Máximo Díaz Ogando, recibió el 27 de septiembre 2014 una información, la cual alegadamente estaba esperando desde hacía varias semanas, donde se le informaba de la ubicación de unos 950 kilos de cocaína, en una residencia del ensanche Isabelita.
Agrega que la información alegadamente le fue suministrada por el mayor Ruddy José Japa Álvarez, el compromiso de entregarle su parte al oficial.
Los dueños
El informe de la comisión ampliada de la Procuraduría General de la República consigna que existen informaciones que dan cuentas de que los supuestos dueños de la droga, contactaron a los policías que participaron en el operativo de incautación del alijo, y que presuntamente éstos le devolvieron 150 kilos. “Para que éstos se pudieran defender”.
