El Ministerio egipcio de Justicia explicó hoy que las condenas a pena de muerte emitidas ayer contra 529 simpatizantes de los Hermanos Musulmanes son «una decisión judicial y no un fallo», y que además son apelables.
Con estas aclaraciones las autoridades egipcias respondieron a las duras críticas internacionales a la masiva condena de ayer por actos de violencia cometidos en agosto pasado, un hecho sin precedentes en la justicia egipcia.
El ministerio recordó que lo que hizo ayer el juez del controvertido caso fue remitir los expedientes de los condenados al muftí de Egipto y máxima autoridad religiosa, Shauqi Alam.
«La opinión del muftí no es vinculante y el juez, tras recibir la respuesta, puede ratificar su juicio o cambiarlo», siguiendo el procedimiento habitual en los casos de pena capital en Egipto, precisó la misma fuente.
La corte dictará el fallo el próximo 28 de abril, y será entonces cuando los abogados de la defensa podrán apelar, una medida que los Hermanos Musulmanes ya ha anunciado que tomarán.
Al respecto, el Ministerio de Justicia dijo que si los procesados no apelan el fallo ante el Tribunal de Casación, será la propia Fiscalía la que presente un recurso.
Las autoridades egipcias pidieron por otro lado respetar la separación de poderes y la independencia de la justicia del país, ante las denuncias.
El portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville, afirmó hoy que «no es posible que en un juicio realizado en apenas dos días, se hayan cumplido los requerimientos más básicos para un juicio justo».
«El número de sentenciados no tiene precedentes en la historia reciente. La imposición de la pena de muerte en un juicio masivo repleto de irregularidades de procedimiento viola el derecho internacional», declaró Colville.
Por su parte, catorce organizaciones egipcias de derechos humanos firmaron hoy un comunicado conjunto en el que califican esta decisión judicial de «grave violación del derecho a la vida y a un juicio justo».
La nota critica además que este proceso fuese cerrado después de tan solo dos sesiones y sin la presencia de muchos de los acusados, que no tuvieron la oportunidad de defenderse.
Además, el Centro Árabe para la Independencia de la Judicatura expresó su preocupación por la frecuente emisión de sentencias a pena de muerte en Egipto y pidió al Gobierno que congele la aplicación de la pena capital como paso previo antes de su abolición.
Los Hermanos Musulmanes, declarados grupo terrorista por las autoridades en diciembre pasado, denunciaron ayer que la decisión judicial es «inhumana, una clara violación de todas las normas y un nuevo crimen del golpe militar».
El Tribunal Penal de Minia encontró culpables a los islamistas de asaltar edificios gubernamentales en dicha provincia, matar a un coronel, intentar asesinar a otros dos responsables policiales, incendiar una comisaría y apoderarse de armas.
Esa misma corte inició hoy otro juicio, cuya segunda sesión se celebrará también el 28 de abril, contra 683 miembros y partidarios de los Hermanos Musulmanes, entre ellos su guía espiritual Mohamed Badía, acusados de participar en ataques violentos en el distrito de Al Edua, en la provincia de Minia.
(fuente el diario libre)
