El presidente interino de Egipto, Adli Mansur, ratificó hoy una polémica ley que limita las protestas en el país y que ha suscitado la preocupación de grupos de activistas y de derechos humanos, informó la agencia estatal de noticias Mena.
El portavoz del Gobierno egipcio, Ihab Badaui, declaró que Mansur emitió un decreto por el que aprueba esa norma, que «no va contra las manifestaciones pacíficas, sino que garantiza su seguridad». Según el nuevo texto, que se publicará mañana en el boletín oficial, se debe notificar a la policía con una antelación de tres a quince días cualquier convocatoria de protesta.
La notificación incluirá los lugares por los que pasará la marcha, su fecha y sus demandas, así como los datos personales y de contacto de quienes organicen el acto. Además, quedan prohibidas las reuniones «con fines políticos» en los lugares de culto y las marchas que partan o se dirijan hacia esos templos, así como llevar armas y artefactos explosivos y el uso de máscaras y mantas para «ocultar» los rasgos faciales.
Tampoco se podrán convocar protestas frente a edificios públicos cuando haya personas en su interior como en el caso del Parlamento, el Consejo de Ministros, sedes militares y de organizaciones internacionales, centros educativos, hospitales, museos o lugares arqueológicos. Si una protesta es prohibida por las autoridades, sus organizadores podrán recurrir esa decisión ante el Tribunal Administrativo.
De acuerdo al artículo 12, las fuerzas egipcias podrán disolver las protestas si se considera que pueden ser un peligro para la seguridad. Para dispersar a los manifestantes, podrán utilizar cañones de agua, gases lacrimógenos o porras, y si ninguno de esos medios hace efecto, se harán disparos al aire y se podrán emplear bombas de humo y de sonido.
Las armas de fuego se utilizarán «midiendo el peligro o el daño que suponen las protestas para los seres humanos o las propiedades», apunta la ley. En caso de infringir la norma, los manifestantes que vayan armados se enfrentarán a al menos siete años de cárcel y multas de al menos 100.000 libras egipcias (unos 14.500 dólares), al tiempo que se establecen distintas penas para quienes organicen marchas sin avisar, participen en ellas o usen máscaras «para cometer un delito».
Algunos grupos de activistas y defensores de los derechos humanos han alertado de que ese tipo de normas restringe el derecho de manifestación pacífica. El primer ministro, Hazem al Beblaui, había recomendado una norma que regulara las protestas para poner fin a las de los Hermanos Musulmanes, que en algunos casos han derivado en violencia.
Desde el derrocamiento militar del islamista presidente Mohamed Mursi el pasado 3 de julio, los Hermanos Musulmanes han mantenido la presión en las calles, mientras que las autoridades están persiguiendo a los «extremistas» y han debilitado la estructura de la cofradía mediante la detención de sus principales líderes.
(FUENTE EL LISTIN DIARIO)
