El abogado Namphi Rodríguez alertó a los congresistas que deben rechazar un proyecto de ley que reposa en la Cámara de Diputados, con el cual se pretende responsabilizar a los periodistas como autores principales de los delitos de difamación e injuria que puedan cometer terceras personas.
En una visita ante la Comisión de Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, Rodríguez advirtió que sería un absurdo trasladar la responsabilidad principal de los delitos de prensa del director de medios a los periodistas, excluyendo al tercero que realmente ha proferido la frase infamante.
“Que no se confundan los legisladores, lo que nosotros hemos propugnado es por la reivindicación del imperio del artículo 40 de la Constitución que establece que nadie es culpable por el hecho de otro, es decir, que el responsable sea quien hace la afirmación infamente. El periodista o el director de medios sólo son intermediarios sociales de esa información y como tal hay que ver si ha habido una intención maliciosa de su parte que comprometa su responsabilidad jurídica”, precisó.
Rodríguez, quien es presidente de la Fundación Prensa y Derecho, señaló que para determinar si el periodista o el director del medios de comunicación han incurrido en responsabilidad hay que aplicar el “test de la real malicia”, que permitirá evidenciar si el informador se ha comportado como un profesional o si, por el contrario, se ha hecho parte de una trama para imputar públicamente hechos y expresiones infamantes a alguien.
Puntualizó que por el simple hecho de ser vehículos de la información, no se debe responsabilizar penalmente a los periodistas, puesto que ese tipo de sistema propicia la impunidad de los autores reales, que regularmente son funcionarios públicos, políticos de oposición o líderes empresariales, religiosos y militares.
El presidente de Prensa y Derecho fue invitado por la Comisión de Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, que preside el periodista y diputado Nelson Guillén, quien se manifestó de acuerdo con los juicios externados por el profesional del Derecho.
El proyecto de ley en cuestión es de la autoría del diputado Elpidio Báez y establece penas de hasta dos años de presión contra los periodistas que reproducen declaraciones de terceras personas que pudieran resultar difamatorias. “Establecer una responsabilidad anticipada viola el principio de presunción de inocencia”, precisó Rodríguez.
