La percepción de inseguridad de la población en República Dominicana es una de las más altas de la región, de acuerdo a un diagnostico presentado hoy por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y que examinó la seguridad ciudadana en 18 países.
De acuerdo con el informen regional del Desarrollo Humano «Seguridad Ciudadana con rostro humano» 2013-2014, el 64.8 por ciento de la población dominicana percibe un deterioro de la seguridad ciudadana -el índice más alto de los países estudiados-, seguido por Venezuela (58%), Brasil (56.9%), México (55.9%), Costa Rica (54.8), Bolivia (53.2) y Uruguay (55.2%).
Los datos de la PNUD indican que República Dominicana también obtuvo los índices más de personas que dicen han sentido la necesidad de cambiar de barrio por temor a la delincuencia, 21.5%; que han limitado sus lugares de compra por la inseguridad, 51.1%; y que han limitado sus lugares de recreación por la inseguridad, 59.1%.
A pesar de que el país está entre los países con alta tasa de homicidios, 23 por más de cien mil habitantes de acuerdo con el Observatorio Político Dominicano (nivel considerado de epidemia según la escala de la OMS de más de 10 por cien mil habitantes), en cuanto al robo, está en una tasa baja de 16.7% -una de cada seis personas o más fue robada en el último año.
Este informe concentra su análisis en 18 países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Apoyo a leyes duras
El informe de la PNUD subraya un alto índice de apoyo a la aprobación de leyes más duras contra los criminales, con un 87.8%. Mientras que un 38.7% apoyaría la aplicación de «mano dura» contra delincuencia y 34.9% aprobaría la justicia por mano propia. Se indica que un 60.5% de la población apoya tener armas de fuego para su protección.
«La gobernabilidad democrática puede verse afectada negativamente en lugares en los que la victimización y el temor al delito favorecen el respaldo a políticas represivas. Asimismo, erosionan la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en la provisión de seguridad legal por parte del Estado», advierte el informe.
El estudio ofrece diez recomendaciones basadas en las lecciones aprendidas de la región. Entre ellas se destaca: alinear los esfuerzos nacionales para reducir el delito y la violencia, incluyendo un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana como política de Estado; generar políticas públicas orientadas a proteger a las personas más afectadas por la violencia y el delito; prevenir la delincuencia y la violencia impulsando un crecimiento incluyente, equitativo y con calidad; y disminuir la impunidad fortaleciendo las instituciones de seguridad y justicia con apego a los derechos humanos, entre otras.
Barrio Seguro y Nuevo Modelo Penitenciario
El PNUD estudió, además, los efectos de varios programas de intervención en seguridad ciudadana en la región, entre ellos el caso dominicano de Barrio Seguro, del que estimó su acción fue limitada por la corrupción y la falta de reformas policiales.
«A pesar de los avances experimentados por Barrio Seguro, sus alcances se vieron limitados por la persistencia de otros problemas, como la corrupción y la falta de reformas estatales necesarias para mejorar la actuación de la policía. En el largo plazo, estos problemas socavaron el PSD (Plan de Seguridad Democrática) y limitaron su eficacia».
Sin embargo, apunta que este programa demostró la posibilidad de lograr cambios fundamentales en la relación de las comunidades y la autoridad. «En parte, esto se logró gracias a la provisión de bienes públicos que incluyeron instalaciones recreativas y programas de capacitación», indica la PNUD.
Este diagnóstico también examinó de manera particular la aplicación del nuevo modelo penitenciario en República Dominicana, al que juzgó de positivo al considerar su influencia en la reducción de la tasa de reincidencia delictiva.
«Las nuevas instalaciones, su equipamiento y la capacitación del personal administrativo y operativo en la Escuela Nacional Penitenciaria implican gastos extraordinarios para la Procuraduría General de la República. No obstante, los resultados han sido muy positivos, en particular, en la reducción de la tasa de reincidencia a un 2.7 %».
En la actualidad hay dieciséis centros de Corrección y Rehabilitación (nuevo modelo) en todo el país, y 20 del modelo tradicional. «A pesar de que el llamado «viejo modelo» (tradicional) continúa funcionando, en abril de 2013, el 28.5% del total de los reclusos estaban internos en los centros del nuevo modelo», señala el informe.
Haití, con índices bajos de violencia
En cuanto al vecino país de Haití, el informe indica que cuenta con una de las tasas más bajas de muertes violentas de la región, atribuida a la presencia de la fuerza policial de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH, por sus siglas en francés), así como a la reforma de la Policía Nacional de Haití (PNH).
«En 2012, el Observatorio Nacional de la Violencia y la Criminalidad registró 1,109 homicidios (incluyendo suicidios y accidentes de tránsito). También se registró un aumento de los crímenes relacionados con el tráfico de drogas, así como los casos de violencia sexual y sexista (tanto en la capital como en el interior del país)», señala.
Apuntó que el desafío radica en el alto grado de impunidad, reflejado en bajos niveles de confianza de la población a las instituciones del Estado, y en particular sobre Policía Nacional de Haití.
(FUENTE EL LISTIN DIARIO)
