Domínguez Brito dice que el Ejecutivo destituyó al procurador adjunto (RD)

Domínguez Brito

Domínguez Brito
SANTO DOMINGO. El procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, no ha acatado la sentencia del Tribunal Constitucional que ordenó reintegrar a Henry Tomás Cerda como procurador adjunto, amparado en un decreto de destitución.

Aunque la sentencia del TC es del 13 de octubre del 2015, Cerda no ha sido reintegrado en sus funciones, ni ha recibido los salarios retenidos durante ese período, bajo el alegato de que mediante el decreto 149-13 de fecha 27 de mayo del 2013, el Poder Ejecutivo derogó su designación.

“Es fundamental siempre que todas las sentencias del Tribunal Constitucional se ejecuten, ahí se hace referencia a un solo caso de reintegro, hasta tanto saliera un decreto, pero ese decreto salió hace tres años. Un decreto que plantea la destitución, es decir que yo no veo ningún desacato”, refirió.

En las consideraciones del Tribunal Superior Administrativo, así como las del Constitucional cuando confirmó el reintegro del recurrente, se señala que se violaron sus derechos fundamentales y el debido proceso, ya que los procuradores adjuntos que no formen parte de la carrera del Ministerio Público, solo podrán ser sustituidos o destituidos por el Presidente.

“Debe observarse que la comunicación mediante la cual se le participa al recurrido su destitución figura suscrita por el magistrado procurador general de la República, licenciado Francisco Domínguez Brito; es decir, que no fue emitida por el presidente de la República, ni por el Consejo Superior del Ministerio Público, ni por ninguna persona designada por esta entidad”, consideró el tribunal.

Estableció, además, que en el expediente no reposa ningún elemento probatorio que permita inferir la existencia de alguna contravención, ni tampoco que se hubiere iniciado (y, eventualmente, concluido) contra él un proceso disciplinario en el que se haya considerado su conducta como violatoria del comportamiento ético, de la probidad y del correcto desempeño de un MP.

Armada
El capitán de navío Huáscar Miguel Peña Lizardo sometió una demanda civil por daños y perjuicios contra la Armada de la República Dominicana con la finalidad de que ésta acate la sentencia del TC, que ordenó su reintegro y el pago de todos sus salarios retenidos.

La audiencia donde se conocerá la demanda contra el jefe de la Armada, Edmundo Félix Pimentel, será el 5 de julio en la sala Civil y Comercial del Distrito Nacional.

Defensa
Hasta el cierre de esta edición, Diario Libre no pudo obtener reacciones del Ministerio de Defensa, así como tampoco de los demás cuerpos castrenses respecto al desacato a las sentencias del Tribunal Constitucional, en las cuales se ordenan los reintegros de Huáscar Peña Lizardo y Genetti Moronta Rondón.

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TC suspende sentencia favorece empresa de Arturo del Tiempo (RD)

Arturo del Tiempo

Arturo del Tiempo
SANTO DOMINGO. El Tribunal Constitucional suspendió la ejecución de la sentencia dictada por la suspendida jueza Awilda Reyes Beltré, que ordenó devolver RD$20 millones a la sociedad Prado Universal Corp., y su principal accionista Arturo del Tiempo Marqués, quien se encuentra actualmente cumpliendo condena en España por narcotráfico.

La suspensión de la ejecución de la sentencia se hace hasta tanto el pleno del TC decida si la jueza de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, era competente para conocer el recurso de amparo que había sometido Prado Universal contra el Banco Reservas y la Procuraduría General de la República.

Awilda Reyes estableció en su sentencia 118-2015 que a Banreservas le fue adjudicada la Torre Atiemar, secuestrada en marzo del 2011, y que tanto el banco como la Fiscalía se niegan entregar del excedente producto de la venta de la referida torre, ya que no fue un hecho controvertido la adjudicación de la propiedad, así como tampoco que el producto de la venta excedía la acreencia que tenía el banco.

El Constitucional explicó que en el caso, además de un interés económico, existe un interés de orden institucional y procesal, en ocasión de encontrarse controvertida la competencia de la jurisdicción penal que conoció de la acción de amparo, situación que procederá a dirimir cuando conozca del fondo del recurso.

“Procede suspender la ejecución de la Sentencia núm. 118-2015, del 20 de agosto del 2015, hasta tanto sea conocido el recurso de revisión constitucional incoado contra la referida decisión, pues resulta previsible que la ejecución de la misma pudiera causar un daño irreparable en la estructura del sistema jurisdiccional integral, que pudiera afectar la seguridad jurídica en la eventualidad de que, como resultado del análisis del fondo del recurso de revisión constitucional, se determinara la incompetencia de la Cuarta Sala”, consideró el tribunal.

Reyes Beltré había establecido un astreinte de un millón de pesos por cada día de retardo.

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Tribunal Constitucional no decidió sobre el aborto; anuló el Código Penal por el procedimiento (RD)

Tribunal Constitucional

Tribunal Constitucional
SANTO DOMINGO. El Tribunal Constitucional, en su sentencia que declara la inconstitucionalidad del Código Penal Dominicano (CP) no se pronunció sobre las objeciones a los artículos referentes al aborto, que tantos cuestionamientos han generado en la población.

La decisión del tribunal se basó en el procedimiento que siguieron los diputados al aprobar las observaciones del Poder Ejecutivo al código, pues al no enviarlo al Senado, violaron el principio democrático, la configuración del sistema bicameral y coartaron el procedimiento legislativo.

Así lo consideró el TC, al fallar la acción directa de inconstitucionalidad incoada por las Fundaciones Justicia y Transparencia, Transparencia y Democracia, y Matrimonio Feliz contra los artículos 107 al 110 de la Ley 550-14 que instituye el CP.

“Al ponderar el presente caso, se advierte que el Presidente de la República envió a la Cámara de Diputados sus observaciones a los artículos 107, 108, 109 y 110 del nuevo Código Penal. Esta cámara conoció el trámite de la reconsideración de la ley en la sesión que correspondía y, en una moción confusa en cuanto al texto que sería incorporado a la ley, terminó acogiendo las observaciones presidenciales con el voto favorable de la mayoría de los diputados presentes. Sin embargo, en vez de remitir al Senado de la República la ley con las modificaciones aprobadas producto de la observación ─para que este decidiera si la aprobaba o la rechazaba insistiendo en el texto original─ la Cámara de Diputados remitió al Poder Ejecutivo la ley –con las observaciones aprobadas unicameralmente– para su promulgación y publicación”. Indica que el accionar de los diputados omite el trámite de la reconsideración de la ley observada, según el cual ambas cámaras deben conocer y decidir las observaciones presidenciales sin que ninguna pueda ser excluida.

En su sentencia, que contó con un voto disidente y uno observado, los jueces del TC, que preside Milton Ray Guevara, plantean que el vicio de procedimiento afecta irremediablemente la validez y constitucionalidad del nuevo Código Penal “y, por consiguiente, este debe ser expulsado del ordenamiento ─sin necesidad de diferir temporalmente sus efectos─ porque aún no ha entrado en vigencia”.

Sobre la inconstitucionalidad contra los artículos referentes al aborto, el tribunal considera innecesaria su ponderación, debido a que la Ley 550-14 iba a ser declarada inconstitucional por la razón antes expuesta. Lo mismo aplica para el tema de incumplimiento de la mayoría y sobre la naturaleza orgánica del Código.

Votos contrarios
La decisión del TC contó con el voto disidente de la jueza Katia Miguelina Jiménez Martínez, que consideró que el recurso debió se declarado inadmisible, por falta de calidad de los accionantes. La mayoría del TC acogió el recurso, reconociendo el interés difuso de preservar las reglas constitucionales de los recurrentes.

El juez Hermógenes Acosta de los Santos emitió un voto salvado, por considerar que las observaciones del presidente Danilo Medina al Código, no cumplieron con las previsiones del artículo 102 de la Constitución, al no contener una propuesta de texto y se circunscribieron a formular críticas y valoraciones.

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El Tribunal Constitucional rechaza suspender demolición Torre de Plata (RD)

Tribunal Constitucional

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SANTO DOMINGO. El Tribunal Constitucional (TC) rechazó suspender la sentencia que ordena la demolición total de la Torre de Plata, ubicada en el sector Los Cacicazgos, cuya ejecución actual alcanza los nueve niveles.

Por sentencia TC/0551/15, la alta corte afirma que ha podido comprobar que los demandantes se limitan a aducir que la ejecución de la Resolución núm. 1995-2014, les causaría un perjuicio irreparable.

Asimismo, plantea que los accionantes no han aportado las pruebas necesarias que permitan identificar argumentos de derecho ni los documentos que avalen las supuestas reparaciones, y que justifiquen, en consecuencia, la suspensión provisional de la ejecutoriedad de la decisión impugnada.

Los demandantes solicitan la suspensión de la ejecutoriedad de la Resolución núm. 1995-2014, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 8 de mayo de 2014, que confirmó las distintas condenaciones emitidas en perjuicio de Adeccu Business y José Francisco Bonet Gambins por violación a las referidas leyes números 675 y 6232.

Manifiestan, asimismo, que la demolición de la Torre Plata configura en su perjuicio un daño inminente y actual que les provocaría una pérdida ascendente a RD$40 millones, lo cual justifica la suspensión solicitada. La demanda en suspensión contra la Resolución núm. 1995-2014, fue sometida ante la SCJ mediante instancia del 24 de julio de 2014 y recibida por el TC el 22 de enero de 2015.

Alegaron que si se ejecuta la decisión impugnada y, en consecuencia, se demoliera la Torre Plata, a parte del serio daño que esto les causaría, los demandantes, Bonet Gambins y Adeccu podrán construir de nuevo la obra.

La Junta Vecinal Los Cacicazgos solicitó que se rechace por improcedente y mal fundada la demanda en suspensión sometida por Adeccu Business y Bonet Gambins.

Argumenta que todos sus miembros sí resultaron afectados por el proceso de construcción de la Torre de Plata, que sin contar con un permiso de construcción, careció de supervisión en la construcción de nueve niveles que resultan peligrosos por su posible derrumbe en cualquier momento. En febrero del 2014, la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó la sentencia que ordena la demolición total de la obra.

Asimismo, ratificó la condena de un año de prisión en contra de José Francisco Bonet Gambins, representante de Adecus Business, la empresa que desarrolla la obra.

El tribunal rebajó de RD$20 millones a RD$5 millones la condena indemnizatoria en contra de Bonet Gambins y Adecus Bussiness, en beneficio de la Junta de Vecinos de los Cacicazgos, como justa reparación por los daños ocasionados. También confirmó el descargo a Ramón Méndez Ciccone, contratado por Adecus Business para levantar el edificio, que actualmente está en nueve pisos de construcción.

La decisión declara culpable a los imputados de violar los artículos 13 y 42 de la Ley sobre Urbanización y Ornado Público, sancionados por las disposiciones de la Ley 6232.

Dispone que la condena en contra de Bonet Gambins, de un año de prisión, sea suspensiva para que cumpla una serie de reglas, entre ellas residir en el mismo domicilio y que, en caso de que cambie de lugar, se lo comunique al Ministerio Público y a la Junta de Vecinos.

También ordena la colocación de impedimento de salida del país por el tiempo de cumplimiento especial de la pena.

En caso de incumplir con las reglas, deberá cumplir la condena en la cárcel de La Victoria.

Declara La Torre de Plata, levantada en la calle Cibao Oeste, de Los Cacicazgos, construcción ilegal.

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Tribunal Constitucional anula nuevo Código Penal (RD)

Tribunal Constitucional

Tribunal Constitucional

SANTO DOMINGO. El Tribunal Constitucional (TC) declaró la inconstitucionalidad de la Ley No. 550-14, que instituye un nuevo Código Penal en la República Dominicana, cuya entrada en vigencia estaba pautada para el 27 de este mes.

Asimismo, la alta corte estableció la continuación de la vigencia del Código Penal, promulgado mediante Decreto-Ley núm. 2274 del 20 de agosto de 1884.

Previamente al fallo, admitió, en cuanto a la forma, las acciones directas de inconstitucionalidad interpuestas por la fundaciones Justicia y Transparencia (FJT), Transparencia y Democracia y Matrimonio Feliz en contra de los artículos 107, 108, 109 y 110 de la nueva norma.

El anulado Código Penal establece una amplia y profunda reforma de la centenaria norma vigente, entre ellas el principio de cúmulo de pena, eleva hasta 40 años la prisión para el sicariato y el feminicidio, además de contemplar una serie de sanciones para la corrupción y el tráfico de influencia.

La Ley No. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal, fue promulgada el 19 de diciembre del año pasado por el presidente Danilo Medina, quien dispuso su publicación en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

El 27 de diciembre entraría con todos sus cambios vigentes el nuevo ordenamiento legal, luego de cumplirse el año de publicación en la Gaceta, el 26 de noviembre del 2014, como consigna transitoriamente la norma.

La norma había sido objeto de serios cuestionamientos por distintos sectores, entre ellos la Iglesia Católica.

En el país se realizaron distintas manifestaciones en contra de las disposiciones que, a juicio de sectores, legalizaban el aborto.

El nuevo Código dispone en su artículo 309 que el funcionario o servidor público que, en el ejercicio de sus funciones, sustraiga, distraiga o se sirva, para su provecho personal o para provecho de un tercero, de fondos públicos o de cualquier objeto que le haya sido entregado para su administración o preservación en razón de sus funciones, será sancionado con prisión mayor de 10 a 20 años y multa por un monto que, de precisarse la suma involucrada en el fraude, será de entre 10 a 20 veces dicha suma.

También contiene sanciones contra malas prácticas de jueces y médicos.

Sobre el aborto
El Congreso Nacional se convirtió en escenario de presiones en contra de la entrada en vigencia de las disposiciones que despenalizaban el aborto en la nueva norma.

En diciembre del 2014, las iglesias católicas y evangélicas pidieron a los diputados que no aprueben las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo sobre artículos, relativos al aborto, del proyecto de ley que modifica el Código Penal vigente. La Fundación Matrimonio Feliz planteó la inconstitucionalidad de las modificaciones incluidas, porque violan el derecho a la vida.

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Guevara destaca labor del Tribunal Constitucional (RD)

Guevara

Guevara

SANTO DOMINGO. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, aseguró que el organismo demuestra con su responsable labor su compromiso con la Patria, la Constitución y la dominicanidad, impartiendo justicia constitucional con independencia e imparcialidad.

Manifestó que las actuaciones de los jueces que integran el pleno del Tribunal buscan hacer efectiva la aspiración del patricio Juan Pablo Duarte, de que la Ley Suprema sea la regla a la cual acomoden sus actos los gobernantes y los gobernados en la República Dominicana.

En un mensaje con motivo del 171 aniversario de la proclamación de la Carta Sustantiva, el 27 de febrero de 1844, en la Villa de San Cristóbal, el presidente del TC dijo que ese acontecimiento certificó ante el mundo que la acción soberana no era un accidente de la historia, sino la firme decisión de constituir un Estado independiente para procurar su propio destino.

En una comunicación de prensa, Ray Guevara expresó un “loor a la Constitución, fuente de dominicanidad, ley suprema de la nación, cuna de los derechos fundamentales y abrigo del Estado social y democrático de derecho”.

Los jueces del TC encabezaron este viernes una ofrenda floral en el busto del patricio Juan Pablo Duarte, el cual fue erigido en la explanada frontal del edificio que alberga al Tribunal, cuya placa resalta la designación del padre fundador como primer constitucionalista dominicano.

También se procedió al enhestamiento de la Bandera Nacional con motivo del 171 aniversario de la primera Constitución Dominicana, actividad en la que, además de los magistrados, participaron directores de áreas, asistentes constitucionales, el personal y como invitados especiales, los funcionarios de las instituciones del Estado que circundan la sede del TC.

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Milton Ray Guevara dice Tribunal Constitucional está para impulsar cambios sociales (RD)

Milton Ray Guevara

Milton Ray Guevara

LA ROMANA. El presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, proclamó aquí que ese organismo “está para impulsar los cambios sociales”, por lo que sobre los magistrados que lo integran hay una gran responsabilidad.

Guevara destacó que las más de mil sentencias del Constitucional en sus primeros tres años y medio han hecho importantes aportes, estableciendo garantías para los sectores vulnerables.

Guevara expuso una selección de las más importantes sentencias durante la conferencia “Decisiones Relevantes del Tribunal Constitucional”, en el recinto de la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC).

Ante diversas personalidades, personal docente y estudiantes de Derecho, el funcionario citó decisiones en casos de expropiación, violencia intrafamiliar, debido proceso, regulación migratoria y defensa del patrimonio ecológico nacional.

De hecho, puso como ejemplo la sentencia que estableció que las formalidades establecidas en las cárceles preventivas deben tener un protocolo que regule las entradas y salidas de los abogados y defensores públicos.

También, señaló que el Tribunal Constitucional prohibió la expulsión de niños en los colegios por la falta de pago de sus padres, así como la retención de vehículos por parte de la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET).

El magistrado fue presentado por el decano de Derecho de la UFHEC, Manuel Antonio Ramírez, quien hizo una reseña del presidente del tribunal.

La mesa de honor, además del conferencista y el rector nacional de la UFHEC, Alberto Ramírez, la integraron el rector del recinto en La Romana, Cándido de Jesús y el procurador fiscal Richard Güílamo, entre otros.

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Tribunal Constitucional rechaza anular Plan de Regularización de Extranjeros (RD)

Tribunal Constitucional rechaza anular Plan Regularización de Extranjeros

Tribunal Constitucional rechaza anular Plan Regularización de Extranjeros

SANTO DOMINGO.El Tribunal Constitucional (TC) rechazó anular las disposiciones del Plan de Regularización de Extranjeros que contempla los procedimientos para que los inmigrantes ilegales regularicen su estatus en territorio dominicano.

Por sentencia TC/0157/15, la alta corte declaró inadmisible la acción directa de inconstitucionalidad incoada por la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía, representada por la Fundación Soberanía, Inc., contra los artículos 3, 32 y 37 del decreto 327-13, que instituye el Plan Nacional de Regulación de Extranjeros Ilegales.

Plantea que la acción directa de inconstitucionalidad resulta inadmisible, ya que la parte impugnante se ha limitado a hacer alegaciones de contrariedad a normas con rango de ley.

Asimismo, observa que las contrariedades que denuncia la accionante de la norma impugnada con respecto a la Constitución, no cumplen con las formalidades mínimas de claridad, certeza, especificidad y pertinencia que exige laLey 137-1 1 (orgánica del TC) y la jurisprudencia constitucional a los escritos contentivos de estas imputaciones para que puedan ser valoradas.

“En efecto, en las acciones directas de inconstitucionalidad no basta con que el escrito indique los artículos de la Constitución que la norma denunciada presuntamente vulnera, sino que debe precisar, de acuerdo con los requisitos previamente indicados, las razones concretas en las que fundamente que las normas denunciadas son contrarias a la Constitución”, dice el TC.

Considera que cuando el escrito de acción indica que el decreto 327-13 vulnera los artículos 9, 10,11, 25.2, 74, 96-113 y 84 de la Constitución de la República lo hace de una manera general, sin cumplir con los requisitos de claridad, certeza, especificidad y pertinencia que exige el Tribunal.

“Todo ello hace innecesario el examen de los medios propuestos por el recurrente, en razón de que la inadmisibilidad, por su propia naturaleza, elude el conocimiento del fondo de las cuestiones planteadas en el presente caso”, subraya.

Insiste que para que una acción resulte admisible es necesario que el accionante precise, no solo las disposiciones constitucionales que la norma denunciada vulnera, sino también que motive mínimamente las razones por las que denuncia la inconstitucionalidad de una norma. Ve la falta de precisión en relación con las normas constitucionales que se alegan vulneradas.

El artículo 3 del decreto presidencial impugnado establece que el extranjero que desee acogerse al Plan, deberá hacer su solicitud dentro de un plazo de 18 meses, contados desde la puesta en vigencia del mismo.

Disposiciones del decreto

El artículo 32 del decreto consigna que cuando el extranjero solicitante se encuentre en las situaciones comprendidas en los numerales 2 y 3, del artículo 15, de la Ley General de Migración, su solicitud podrá ser hecha por un familiar que se esté radicado en el país. Dice que la solicitud y la documentación que le acompañe estará dirigida a suministrar al Ministerio de Interior y Policía las informaciones sobre su condición que le permita evaluar si el solicitante de que se trate califica en las situaciones previstas en los literales.

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El Tribunal Constitucional observa a Aduanas reglas de contrabando (RD)

El Tribunal Constitucional observa a Aduanas reglas de contrabando

El Tribunal Constitucional observa a Aduanas reglas de contrabando

SANTO DOMINGO, RD.- El Tribunal Constitucional (TC) advirtió a la Dirección General de Aduanas que cuando produzca el decomiso de un producto por contrabando, debe apoderar a un tribunal para que conozca de la acusación, porque de lo contrario, viola el debido proceso.

El criterio está contenido en la decisión TC/0110/15, que confirma una acción de amparo en contra de la dependencia estatal, emitida por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que ordena la devolución de un cargamento de arroz incautado a un hombre acusado de contrabando.

La alta corte plantea que Aduanas tiene la obligación de apoderar a un tribunal para que conozca de la acusación de contrabando y determine las responsabilidades correspondientes, si las hubieren, situación que en la especie no sucedió.

El TC observa que es preciso aclarar que la Dirección General de Aduanas y Puertos tiene toda la facultad para realizar los decomisos, de conformidad a los literales a y b del artículo 200 de la Ley 3489, que le rige.

Sostiene que definida esa potestad, es preciso indicar que en torno a este aspecto, en el artículo 176 de la referida ley se consagra que: en todos los casos en que en el curso del procedimiento iniciados ante la Dirección General de Aduanas y Puertos se compruebe la existencia del delito de contrabando o de tentativa, o de complicidad de este delito, ésta declarará el caso ante el tribunal competente.

Considera que incurrió en violación al debido proceso al no realizar el sometimiento por ante el tribunal correspondiente a Invernizzi Irrizari Heredia y Heredia, con lo que violenta el derecho de propiedad del mismo.

El caso ventilado por el TC se trata sobre la devolución de un autobús decomisado por el delito de contrabando de unos 105 sacos de arroz, en violación de la Ley 3489, sobre el Régimen Legal de Aduanas. Sostiene que no consta en el expediente que Invernizzi Irrizari Heredia y Heredia haya sido sometido penalmente por dicho hecho.

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El Tribunal Constitucional logra nueva sede (RD)

El Tribunal Constitucional logra nueva sede

El Tribunal Constitucional logra nueva sede

SANTO DOMINGO. Por instrucciones del presidente Danilo Medina, el Banco de Reservas entregó al Tribunal Constitucional un edificio de tres niveles ubicado en la avenida John F. Kennedy, con el propósito de que traslade provisionalmente su sede hasta allí.

La infraestructura, donde operaba Peravia Motors, está ubicada al lado del Instituto de Formación Técnico-Profesional (Infotep).

La readecuación para que puedan trasladarse los trece jueces y el personal administrativo que labora en el TC deberá ser realizada por el gobierno.

El TC desarrolla sus labores en el primer nivel del edificio del Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre), desde enero del 2012.

El presidente del TC, Milton Ray Guevara, afirmó que gracias a la intervención del presidente Danilo Medina, le fue asignado un edificio a través del Banco de Reservas, en el cual pronto se comenzará a trabajar en su adecuación para que sirva como nueva sede provisional del TC.

Sostiene que en el área será posible realizar su labor con mayor desahogo.

Desde que esa alta corte inició su labor, celebra las audiencias en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia. La falta de espacio dificulta su desenvolvimiento, donde hasta para ir al baño se debe hacer una fila.

Mientras que en sus alrededores funciona un mercado, y cuando ocurren torrenciales aguaceros se inunda la zona de parqueo, donde termina un desagüe del establecimiento que colinda con el Inespre.

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Tribunal Constitucional: Los ciudadanos pueden denunciar las faltas de los funcionarios (RD)

Tribunal Constitucional Los ciudadanos pueden denunciar las faltas de los funcionarios

Tribunal Constitucional Los ciudadanos pueden denunciar las faltas de los funcionarios

SANTO DOMINGO. El Tribunal Constitucional (TC) afirmó que los ciudadanos tienen el derecho de denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones.

Entiende que eso debe ser interpretado, en el sentido más favorable y en atención a la finalidad que la norma persigue, en el sentido de que también pueden interponer querellas contra los funcionarios públicos por las faltas, crímenes y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

En su sentencia TC/0259/14, es de criterio que la propia Constitución, en su artículo 22.5, les concede esa prerrogativa a los ciudadanos.

La alta corte sentó su precedente al pronunciarse sobre una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta, por el síndico del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña Tavárez, contra los artículos 44, 81, 21, 297, 320 y 373 de la Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los municipios.

Considera que los argumentos desarrollados mente sobre la naturaleza distinta del juicio político previsto en el artículo 80.1 de la Constitución y la persecución penal contra funcionarios elegidos por la comisión de crímenes y delitos, sirven para refutar la imputación de que el artículo 21, párrafo V, de la Ley núm. 176-07 viola el principio de indelegabilidad de atribuciones inscrito en el artículo 4 de la Constitución.

“Habría que agregar, además, que la propia Constitución, en su artículo 22.5, les concede a los ciudadanos el derecho de denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones, lo que debe ser interpretado, en el sentido más favorable y en atención a la finalidad que la norma persigue, que también pueden interponer querellas contra los funcionarios públicos por las faltas, crímenes y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones”.

La acción directa en inconstitucionalidad también buscaba que la alta corte decretara la nulidad del artículo 373 de la Ley núm. 176-07, que modifica el literal 5 del artículo 71 de la Ley núm. 76-02, por incluir a los síndicos entre los funcionarios cuyas causas penales serán conocidas por la Corte de Apelación.

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Guido dice revelará nombre juez TSE que en nombre de Miguel le propuso un “trato” (RD)

Guido dice revelará nombre juez TSE

SANTO DOMINGO, RD.- El dirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Guido Gómez Mazara, aseguró este lunes 01, que en los próximos días demostrará que la decisión arribada por los miembros del Tribunal Superior Electoral (TSE), se trató de un fallo comprado a fines de favorecer al actual presidente del partido blanco, Miguel Vargas Maldonado.

Durante una rueda de prensa, Gómez Mazara, aseveró que el próximo martes 09 de diciembre, depositará una querella penal contra los cinco miembros del TSE por ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en cuyo proceso dará a conocer el nombre de un juez de esa entidad judicial, el cual, supuestamente fue enviado por Vargas Maldonado a fines de arribar a un acuerdo.

“Esa decisión no fue gratis. El país va a conocer muchas cosas en ese proceso… El país tendrá el audio de lo que me dijo (el juez)”, resaltó el dirigente perredeísta.

Explicó que con la querella por ante la SCJ por supuesta prevaricación y falsificación de escrituras, en contra de los miembros del TSE, se procedería a inhabilitar los jueces y crea las condiciones para que jueces suplentes ocupen sus puestos, en momentos en que procederá impugnar la proclamación en su contra.

En lo que respecta a las elecciones del 2016, expuso que Vargas Maldonado representa la fórmula ideal en dos escenarios: en el que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) puede “caricaturizar” la oposición, colocando un candidato sin posibilidades, y en el que si el partido pierde, el Vargas Maldonado gana financieramente.

Indicó que mantiene la propuesta de crear una corriente alternativa a la actual y que reconstruya la idea de que es un partido para servir a la gente y aseveró que de no realizarse una nueva convención, no apoyaría las aspiraciones políticas de Vargas Maldonado.

“Cualquier candidato del PRD que gane una convención de forma democrática, donde la gente vote, yo la apoyo”.

Finalmente, declaró que favorecería la posición de Luis Abiniader, quien plantea reformular el Tribunal Superior Electoral. Aseguró que sería partícipe en cualquier esfuerzo democrático para garantizar un ambiente favorable para las elecciones.

Aseguró que aunque los miembros del TSE terminan su mandato en el 2015, parte de la decisión en su contra tiene de fundamento una negociación en la que algunos serán promovidos a la Junta Central Electoral y otros serán ratificados en ese tribunal.

“Por eso hay que trabajar desde ya en la dirección de garantizar al país gente diferente en el TSE”.

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Tribunal Constitucional falla a favor de la JCE en conflicto con la DGCP (RD)

SESION JUECES TRIBUNAL CONSTITUCIONAL TC

SANTO DOMINGO, RD.- El Tribunal Constitucional (TC) declaró que el control interno de la actuación administrativa y financiera constituye una competencia accesoria de la Junta Central Electoral (JCE), la cual forma parte indisoluble de la autonomía e independencia que le otorga el artículo 212 de la Constitución.

La alta corte afirmó que la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), dependencia del Ministerio de Hacienda, carece de competencia para conocer un recurso jerárquico en contra de las actuaciones de la JCE.

La sentencia, que contiene votos particulares, admite una acción de conflicto de competencia interpuesta por el presidente de la JCE, Roberto Rosario Márquez, contra el Poder Ejecutivo, que actúa través de la DGCP.

El conflicto se generó por una solicitud que realizara la DGCP a la JCE, de remitir su escrito de defensa, así como el expediente administrativo de la licitación pública internacional JCE-CEL-LPI-2001, con la finalidad de conocer un recurso jerárquico incoado por la empresa Global ID Solutions (Caleum Dominicana, S.R.L.) contra la adjudicación del contrato de la licitación de referencia. Esta última concierne a la adquisición de equipos y materiales para la impresión de la nueva cédula de identidad y electoral.

El conflicto de competencia se manifiesta en la diferencia conceptual de criterio entre un órgano constitucional autónomo y uno de la Administración Central, al presumirse ambos competentes para ejercer el control administrativo de los actos del otro.

El fallo fue rendido ayer, y será dado a conocer publicado próximamente en el portal del TC. El diferendo se originó el 29 de abril pasado. Los abogados Flavio Darío Espinal, Alejandro Peña Núñez y Alexis Dicló, actuando en representación del presidente de la JCE, solicitaron declarar la nulidad de cualquier acto administrativo dictado por la DGCP que transgreda el ámbito competencial de la Junta.

Fuente: Diario Libre

 

Reinaldo Pared: «RD no puede resolver los problemas haitianos» (RD)

Reinaldo-Pared-Perez-Problemas-Haitianos-Raccoon-KnowsSANTO DOMINGO. El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y aspirante a la nominación presidencial, Reinaldo Pared Pérez, llamó a la comunidad internacional a formular y ejecutar programas y proyectos de solución a los problemas que enfrenta Haití, por considerar que el Presupuesto Nacional es para resolver los problemas de los dominicanos y el país no puede cargar con los del pueblo haitiano.

El también senador del PLD por el Distrito Nacional expresó que la República Dominicana tiene muchos problemas por resolver para tener que cargar con los de Haití. «Que los dominicanos resolvamos los problemas de los dominicanos y la comunidad internacional que ayude a resolver los de Haití», manifestó.

A su juicio, los gobiernos que ha tenido la República Dominicana han sido irresponsables frente al caso haitiano, pero por primera vez se encara con firmeza y se busca una salida institucional a la situación que se plantea en materia migratoria, por la gran cantidad de inmigrantes indocumentados que viven en el territorio dominicano.

«Por primera vez el Gobierno Dominicano está actuando de manera positiva en cuanto al caso haitiano. Por primera vez esto se encara de manera seria y responsable», precisó el doctor Pared Pérez.

«Esto hay que seguirlo transparentando, porque la República Dominicana no puede hacerse cargo de Haití y sus problemas», enfatizó el doctor Pared Pérez, según un comunicado de prensa difundido este miércoles por su oficina política, quien dejó claro que el Presupuesto de la Nación Dominicana (RD$613 mil millones) alcanza sólo para cubrir las necesidades del pueblo dominicano y no resiste que se le cargue problemas de otro país.

La sentencia

En ese sentido, Pared Pérez valoró la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y la marcha del cumplimiento del decreto 250-14 que contiene los procedimientos que hacen posible la aplicación de la Ley 169-14, legislación que establece un régimen especial para regular el estatus migratorio de las personas nacidas en el territorio nacional e inscritas irregularmente en el Registro Civil y sobre la naturalización.

La sentencia 168-13 establece, entre otros aspectos, que los hijos de extranjeros en tránsito no son dominicanos, ordena la revisión del Registro Civil desde 1929, proceso que ha puesto en marcha la Junta Central Electoral (JCE); y recomienda al Poder Ejecutivo realizar un Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, el cual realiza el Gobierno Central desde hace varios meses con la aplicación de la ley 169-14, con lo que se espera una solución al problema de los inmigrantes indocumentados.

Fuente:DiarioLibre

El proyecto de ley establece dos formas de los extranjeros regularizarse en el país

0877CAF3-6D50-4A5F-98AF-6662D4B18D83.jpg__294__440__CROPz0x294y440Las personas afectadas por la Sentencia del Tribunal Constitucional podrán regularizar su situación de dos maneras, según el proyecto de ley de naturalización depositado hoy por el Poder Ejecutivo ante la Cámara de Diputados.

La primera de ella es acogiéndose en el registro de hijos de extranjeros nacidos en la República Dominicana y la segunda  da acuerdo con el “proyecto de Ley que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional, inscritas regularmente en el registro civil dominicano y sobre naturalización”.

La pieza fue entregada por el ministro de interior y Policía, José Ramón Fadul y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio al presidente Cámara de Diputados, Abel Martínez, junto a los voceros de los bloques de los distintos partidos.

Este proyecto de ley establece un régimen especial en beneficios de hijos de padres y madres de extranjeros no residentes, nacidos en el territorio nacional durante el período comprendido entre el 16 de junio de 1929 y al 18 de abril de 2007.

En el 2007 fue cuando se produjo la sentencia de la Suprema Corte de Justicia estableciendo quien o no debe ser dominicano.

El proyecto sometido hoy establece que toda persona hija de padres extranjeros en situación irregular y que habiendo nacido en territorio dominicano y no figure inscrito en el registro civil, podrá registrarse en el libro de extranjería de acuerdo a la Ley General de Migración, siempre que pueda demostrarlo.

Para obtener este beneficio el interesado deberá hacer una solicitud ante el Ministerio de Interior y Policía en un plazo no mayor de 90 días a partir de la entrada en vigencia del reglamento de aplicación de dicha ley.

En cuanto a la vía de la naturalización, establece que los hijos de extranjeros nacidos en el país, regularizado conforme a la naturalidad a lo dispuesto del plan, en situación migratoria irregular, podrán optar por la naturalización ordinaria y una vez haya transcurrido dos años de una de las categorías migratorias.

Dice además que todas las gestiones que hagan las personas para beneficiarse con este plan no les representará costo alguno.

Otro punto es que el Poder Ejecutivo va a dictar un reglamento de aplicación dentro de un plazo no mayor de 60 días a partir de la fecha de promulgada la ley.

Declaración de Fadul
El ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, dijo que una vez entrada en vigencia la ley todo el que esté en situación irregular será repatriado a su país.

Reiteró que el proceso de regularización de extranjeros entra en vigencia en junio próximo.

(fuente el listin diario)

Poder Ejecutivo deja al TC que decida modificación artículo 85 del Código Procesal Penal (RD)

Poder Ejecutivo deja al TC que decida modificación artículo 85 del Código Procesal Penalel Poder Ejecutivo considera que es el Tribunal Constitucional, el cual ya está apoderado, el que debe decidir sobre la legalidad o no de uno de los considerandos  del artículo 85 del Proyecto de Modificación del Código Procesal Penal, que permite a los ciudadanos presentar querellas contra los funcionarios públicos.

En tal sentido devolvió hoy al Congreso Nacional, vía el Senado de la República, el proyecto observado en donde pide que no elimine el párrafo tercero del artículo 85 de la ley, en donde se establece que todos los ciudadanos pueden presentar querella contra los funcionarios públicos por delitos cometidos por estos durante el ejercicio de sus funciones, así como en los casos de vulneración a derechos humanos.

En segundo término, el Poder Ejecutivo expresó su preocupación de que se mantenga la redacción del penúltimo párrafo del artículo en cuestión, que limita la posibilidad de querellarse de las entidades del sector público.

«Experiencias en grandes e importantes procesos han revelado la necesidad de que esto sea revisado y que se contemple la posibilidad de que estas entidades puedan participar en calidad de querellantes. Por lo anterior nos permitimos sugerir que este texto sea corregido en ese sentido», dice el documento enviado por el Ejecutivo con las observaciones al Proyecto de Ley que modifica varios artículos de la Ley 76-02, que establece el Código Procesal Penal.

(fuente el listin diario)