SANTO DOMINGO, RD.- Amnistía Internacional (AI) acusó este lunes al Gobierno dominicano de discriminar y violar históricamente los derechos humanos de un grupo importante de sus ciudadanos, en respuesta a un artículo publicado por el expresidente Leonel Fernández en el periódico español El País.
De acuerdo a un comunicado de la oficina para el Caribe de esa organización, lo publicado por el exgobernante, de que en República Dominicana no hay apatridia, es «absurdo» y exime al Gobierno de asumir sus responsabilidades internacionales de protección de los derechos humanos.
Las declaraciones del expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, en un artículo publicado el 19 de noviembre en El País, son un reflejo de la negligencia del Gobierno dominicano de enfrentar la histórica discriminación y violaciones a los derechos humanos de un grupo importante de ciudadanas y ciudadanos», dice Amnistía Internacional.
La directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas, dijo en el documento, que de lo que Fernández y otros en el actual Gobierno (dominicano) no hablan, «es que esta profunda discriminación racial» tiene nombres e historias.
«Durante meses, Amnistía Internacional ha recogido el testimonio de docenas de personas cuyas experiencias son un reflejo del grave impacto al ejercicio de los derechos humanos de miles de dominicanos y dominicanas en el país», dijo la ejecutiva de Amnistía.
Para apuntalar su enjuiciamiento, Guevara sostuvo que en 2007 dos expertos de Naciones Unidas sobre minorías y sobre racismo visitaron la República Dominicana y concluyeron que «existe un profundo y arraigado problema de racismo y discriminación que afecta en general a la población negra y en particular a los dominicanos de ascendencia haitiana y los haitianos».
En el comunicado, Amnistía Internacional cita unos tres casos de lo que, aseguró, se discrimina a ciudadanos dominicanos o de origen haitiano, solo por ser negros.
Amnistía también critica la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) dominicano, emitida en septiembre de 2013, que define los parámetros de la nacionalidad y afirma que el organismo ha «legitimado» la discriminación racial en la sociedad dominicana.
De acuerdo a su criterio, Guevara Rosas afirma que la sentencia del TC ofrece una definición de la nacionalidad dominicana basada en criterios «históricos, lingüísticos, raciales y geopolíticos».
«Nadie niega a las autoridades de República Dominicana el derecho de definir sus reglas de adquisición de la nacionalidad, pero el derecho internacional prohíbe expresamente la discriminación, y diversos organismos internacionales, como la Corte Interamericana, han alertado sobre lo que esta sentencia supone», dijo el comunicado.
Guevara Rosas estimo que si el Gobierno dominicano decide «abrir sus ojos» y ver que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como cientos de voces de la sociedad civil dominicana y organizaciones internacionales, le ofrece un camino para resolver el problema de la «enraizada e histórica discriminación» que existe en el país.
Fuente: Z101 Digital
