La fiscalía federal acusó este martes a Emma Coronel Aispuro de mantener contactos clandestinos con su esposo Joaquín el ChapoGuzmán la semana pasada durante el transcurso del juicio que se sigue contra el narcotraficante mexicano en el tribunal federal de Brooklyn, NY.
En una carta dirigida al juez federal Brian Cogan, la fiscalía asegura que uno de los miembros del equipo de abogados defensores facilitó mediante un teléfono celular “contactos inadmisibles” y “sin autorización” entre el acusado y su esposa, que ha asistido religiosamente a cada jornada del juicio desde su inicio hace unas tres semanas.
Si bien los dos no pueden mantener conversaciones, a lo largo de las largas sesiones del proceso se les ha visto intercambiar miradas y algún saludo. Antes del inicio del juicio, el juez incluso negó una solicitud de la defensa del Chapo para que le dejara abrazar a su esposa de 29 años. Sin embargo, según la fiscalía, ha habido algo más que miradas entre los dos.
Como pruebas, las autoridades aportan imágenes captadas por el circuito cerrado de televisión gestionado por los alguaciles federales en los que se ve a Coronel usando un celular en el tribunal el pasado 19 de noviembre, cuando las reglas de la corte prohiben la entrada de teléfonos al público, que debe pasar por dos arcos de seguridad antes de poder acceder a la sala donde se celebra el juicio.
Además, uno de los agentes de seguridad la había observado con un celular el pasado 20 de noviembre, lo que llevó a que el juez Cogan amonestara públicamente el lunes a Coronel y la obligara a pasar de nuevo por un arco de seguridad antes de que empezara el testimonio de Miguel Ángel Martínez, un expliloto de narcoavionetas que dijo haber trabajado por años con el Chapo.
Martínez detalló el lunes desde la silla de los testigos cómo conoció al acusado cuando este empezaba a traficar con cocaína en 1987, tras haber empezado con el cultivo de marihuana en su Sinaloa natal, y luego se convirtió en uno de los narcos más poderosos del mundo con un ejército de sicarios y la capacidad de sobornar con pagos millonarios a las autoridades mexicanas, según el The New York Times.
Para proteger al testigo, quien a sobrevivido a al menos dos atentados, el juez incluso instruyó a las dibujantes que retratan el juicio que no reprodujeran sus facciones. De ahí, la alarma que causó la presencia de un celular prohibido en la sala.
Solo personal autorizado, además de los abogados de la defensa, tienen permiso para ingresar con celulares a la sala del tribunal. Los periodistas registrados con la corte para cubrir el caso pueden acceder al edificio con celular, pero lo tienen que dejar en una sala habilitada para la prensa.
La carta de la fiscalía recuerda que Guzmán, de 60 años, solo puede recibir llamadas relacionadas con su defensa y que en las mismas no pueden participar terceras personas.
La fiscalía señala que las restricciones impuestas en las comunicaciones del acusado se deben a que pueden resultar en “la muerte o en heridas graves” a otras personas, en aparente referencia a los testigos protegidos y sus seres queridos, que podrían ser víctimas de represalias por su cooperación con las autoridades.
Por ello, pide que se castigue al abogado de la defensa, que no identifica en la versión de la carta difundida a la prensa, con una sanción que tampoco hace público.
Según el New York Daily News, la defensa por ahora no ha respondido a las acusaciones de la fiscalía.
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