NUEVA YORK – Un grupo federal que monitorea el trabajo del Departamento de Policía(NYPD) y su práctica de «stop and frisk» (detención y cachear) recomendó que los oficiales tengan una “sospecha razonable” antes de requisar a alguien, y además deben entregar a la persona un recibo que explique por qué se le detuvo.
Bajo la recomendación, entregada este viernes a la Corte Federal de Manhattan, los policías tendrían que llenar una planilla con su nombre, rango, comandancia y número de placa y entregárselo a la persona que sea detenida pero no arrestada.
La propuesta pide que los recibos comiencen a ser entregados a partir del 21 de septiembre.
Medios locales reportaron que Peter Zimroth, el abogado que escribió las recomendaciones finales, explicó que “se requerirá más documentación de todas las requisas y cacheos y se responsabilizará más a los oficiales superiores de los agentes”.
Las observaciones de Zimroth surgen dos años después de que una corte federal pidiera cambios en la práctica.
El abogado hizo las recomendaciones sobre la guía para los patrulleros directamente a la jueza federal Analisa Torres.
Otra jueza federal, Shira Scheindlin, analizó muchas demandas civiles de víctimas que consideraron que fueron injustamente detenidas por su raza o apariencia.
El uniformado tendrá siete opciones para elegir por qué tomó la decisión de detener a la persona, entre ellas: ocultar o poseer un arma, participar en una transacción de drogas y servir como vigía o cómplice de otros criminales. También habrá la posibilidad de decirle a la persona que la labor del policía formaba parte de una investigación en curso.
La carta de Zimroth indica que la actividad policial no debe estar motivada por el color, la etnia, o la nacionalidad del individuo.
Según el documento, en sondeos con oficiales sobre el tema, ellos pedían más guía e instrucción de qué pueden o no pueden hacer de acuerdo con la ley y lo que sus supervisores deben esperar de ellos
“Los uniformados deben tener mucho más que una corazonada o un capricho”, indica el documento.
El informe también indica que el público no está obligado a poseer una identificación válida ni a presentarla al oficial cuando se la pide y que negar a entregarla no debe ser motivo para agravar la situación.
